La Justicia boliviana ratificó la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales tras su ausencia en el inicio del juicio por trata agravada de menores. El exmandatario se encuentra refugiado en el Chapare bajo custodia de sus seguidores.
La Justicia boliviana ratificó la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales tras su ausencia en el inicio del juicio por trata agravada de menores. El exmandatario se encuentra refugiado en el Chapare bajo custodia de sus seguidores.
La Justicia de Bolivia tomó una decisión determinante este lunes en Tarija. El juez Carlos Oblitas declaró oficialmente en rebeldía al expresidente Evo Morales tras su inasistencia a la audiencia programada para el inicio del juicio oral. La causa investiga delitos de trata agravada de personas, vinculados a una relación con una menor durante su mandato.
170 pruebas fueron recolectadas por la Fiscalía contra el exmandatario.
2016 es el año en que habría nacido una hija fruto del vínculo investigado.
Lauca Ñ funciona actualmente como el refugio inexpugnable de Morales.
Ante el faltazo del acusado, el tribunal se vio obligado a suspender el proceso judicial de manera indefinida. La resolución judicial no solo ratifica la rebeldía, sino que mantiene vigente la orden de aprehensión nacional. Según informaron fuentes judiciales en Santa Cruz de la Sierra, el juicio estaba previsto para iniciar a primera hora de la mañana bajo una estricta vigilancia policial.
El equipo legal del líder cocalero, encabezado por el abogado Nelson Cox, había anticipado que su defendido no se presentaría. La defensa técnica sostiene que el proceso se desarrolla de manera ilegal y arbitraria. Según Cox, no existen las condiciones de seguridad necesarias ni el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos para que Morales comparezca.
Desde el entorno del exjefe de Estado, aseguran que el tribunal de Tarija carece de competencia para juzgar a un exmandatario bajo esta modalidad. Los abogados insisten en que se trata de un montaje para proscribir su figura política de cara a los próximos escenarios electorales. Sin embargo, la fiscalía sostiene que la acusación por delitos comunes no requiere de juicios de responsabilidades especiales.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, enfatizó que la investigación es técnica y sólida. Durante los últimos meses, el Ministerio Público logró acumular una vasta cantidad de testimonios y documentos que comprometerían a Morales. La acusación principal se centra en el presunto abuso de poder para obtener beneficios personales y familiares a cambio de favores políticos.
Actualmente, Evo Morales se encuentra resguardado en su bastión político de Lauca Ñ, en la región del trópico de Cochabamba. Sus seguidores han conformado guardias sindicales permanentes para impedir cualquier intento de captura por parte de las fuerzas de seguridad. Esta situación de atrincheramiento genera una tensión institucional creciente entre el Poder Ejecutivo y los movimientos sociales leales al exlíder.
La causa por trata de menores no es nueva, ya que los primeros indicios surgieron en septiembre de 2024. Desde entonces, el exmandatario ha ignorado sistemáticamente las citaciones judiciales, alegando que el caso es una herramienta de persecución. Esta postura derivó en que, ya en enero de 2025, el juez Nelson Rocabado ordenara su arraigo y la anotación preventiva de todos sus bienes.
Los movimientos sociales afines al “evismo” amenazan con bloqueos de carreteras en todo el país si se intenta ejecutar la aprehensión. Para los manifestantes, el proceso es una maniobra orquestada por el actual gobierno de Rodrigo Paz y la gestión anterior de Luis Arce. La polarización social en Bolivia alcanza niveles críticos mientras la justicia intenta avanzar sobre el poder territorial del Chapare.
La investigación actual detalla que Morales habría mantenido una relación con una adolescente mientras ejercía la presidencia de la nación. El Ministerio Público sostiene que se otorgaron beneficios económicos y cargos a los familiares de la menor involucrada. A pesar de la gravedad de los cargos, Morales nunca ha negado explícitamente el vínculo con la joven, limitándose a cuestionar la legalidad de la prueba.
El caso de trata agravada ha revivido otros escándalos similares que salpicaron su gestión durante casi catorce años de gobierno. No obstante, esta es la primera vez que la justicia logra consolidar un expediente con más de 170 elementos probatorios. La suspensión del juicio oral representa un revés para las víctimas que buscan justicia en un clima de alta volatilidad política.
El escenario internacional también observa con atención el desarrollo de este conflicto. Organismos de derechos humanos y protección al menor han solicitado que el proceso sea transparente y se ajuste a derecho. Mientras tanto, el expresidente permanece en la zona cocalera, desafiando a las autoridades nacionales y profundizando la crisis del sistema judicial boliviano.
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