El Gobierno denunció sobreprecios de hasta el 4239% en insumos para discapacidad. El informe judicial detalla compras irregulares de sillas de ruedas y prótesis mediante una red de proveedores vinculados a exfuncionarios bajo sospecha.
El Gobierno denunció sobreprecios de hasta el 4239% en insumos para discapacidad. El informe judicial detalla compras irregulares de sillas de ruedas y prótesis mediante una red de proveedores vinculados a exfuncionarios bajo sospecha.
Un pormenorizado relevamiento del Ministerio de Salud, actualmente bajo análisis en los tribunales, ha puesto al descubierto una serie de anomalías en las erogaciones destinadas a la adquisición de elementos para personas con discapacidad durante el año 2025. El análisis técnico, que fue consignado en una investigación periodística por La Nación, destaca discrepancias abismales entre los montos liquidados por el Estado y los valores vigentes en el mercado. Según el informe, las diferencias en los precios facturados no solo resultan injustificables desde el punto de vista técnico, sino que sugieren la existencia de una red coordinada para manipular las contrataciones públicas.
El documento oficial detalla que ciertos dispositivos ortopédicos, como los andadores, se abonaron con recargos que alcanzaron un insólito 4239% por encima de los valores de referencia. En el segmento de las sillas de ruedas, los sobreprecios identificados rondarían el 2000%, con unidades facturadas en $19 millones cuando su costo estimado nacional no superaba los $1,3 millones. Otro ejemplo crítico citado es la compra de válvulas cardíacas de alta complejidad: mientras que otros organismos estatales las adquirieron por aproximadamente $124 millones, el área investigada autorizó pagos de $425 millones por idéntico producto en un lapso de pocos meses.
La justicia se enfoca en el comportamiento de seis empresas que concentraron pagos por una cifra cercana a los $18.100 millones. Se investigan vínculos familiares y societarios entre los directivos de estas firmas y exfuncionarios, lo que habría permitido vulnerar el sistema informático diseñado para las licitaciones. La hipótesis de los investigadores sugiere que, lejos de garantizar la libre competencia, el mecanismo se utilizó para simular pujas de precios entre oferentes previamente seleccionados, excluyendo a competidores externos y garantizando la adjudicación de contratos a empresas vinculadas al círculo investigado.
Hasta el momento, el proceso cuenta con casi medio centenar de personas citadas a declaración indagatoria, incluyendo a exdirectivos de la Agencia Nacional de Discapacidad y operadores del sector farmacéutico. Entre las pruebas recolectadas figuran comunicaciones que detallan pedidos explícitos para “invitar” a firmas específicas a las compulsas de precios. Mientras algunos procesados han presentado descargos por escrito negando su participación en las maniobras, la justicia ha ordenado peritajes sobre grabaciones que aluden a un posible esquema de dádivas, en tanto se intenta determinar el destino final de fondos millonarios y divisas secuestradas en recientes operativos.
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