Miles de personas marcharon a Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Rectores y gremios denunciaron una pérdida salarial del 37% y pidieron la intervención de la Corte Suprema ante el ajuste presupuestario del Gobierno.
La comunidad educativa nacional protagonizó este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La movilización, que colmó la Plaza de Mayo y se replicó en diversos puntos del país, agrupó a estudiantes, docentes y autoridades académicas en un reclamo por el cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales denunciaron que el sistema atraviesa su nivel salarial más bajo de los últimos 23 años.
Según el documento leído durante el acto central, los sueldos del sector perdieron un 37,13% de su poder adquisitivo entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Los manifestantes señalaron que las transferencias nacionales sufrieron una caída real acumulada del 45,6% en el mismo periodo.
Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, enfatizó la necesidad de asignar los fondos mínimos para el funcionamiento de las instituciones.
El directivo sostuvo que la normativa vigente no compromete fiscalmente al Estado y defendió el rol de la educación pública como motor de movilidad social. Por su parte, el rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres, advirtió sobre los riesgos para el estado de derecho al no acatarse leyes ratificadas por el Congreso nacional.
Desde el Poder Ejecutivo, la respuesta fue contundente a través del Ministerio de Capital Humano. La ministra Sandra Pettovello calificó la protesta como “completamente política” y cuestionó la transparencia en el uso de los fondos.
La cartera nacional denunció que la Universidad de Buenos Aires (UBA) adeuda rendiciones de gastos de salud correspondientes a 2024 y 2025. Asimismo, el Gobierno señaló que cumplir con la ley de financiamiento obligaría a reasignar el 90,3% de los créditos destinados a gastos primarios del Estado.
El conflicto se encuentra actualmente en una instancia judicial determinante. Aunque existen fallos que ordenaron la actualización de partidas, el Ejecutivo interpuso un recurso federal extraordinario que mantiene en suspenso la aplicación de la norma.
Por este motivo, el documento final de la marcha interpeló a la Corte Suprema de Justicia para que dictamine sobre la validez de la ley y garantice el flujo de recursos hacia las universidades.
La jornada también incluyó manifestaciones creativas y críticas directas a la gestión nacional. Diversas columnas de estudiantes realizaron representaciones artísticas para visibilizar la eliminación del ministerio de Ciencia y Tecnología.
En este contexto, figuras de la cultura y ciudadanos de distintos rangos etarios se sumaron al reclamo bajo consignas que vincularon la autonomía científica con la soberanía del país.
La masividad de la convocatoria vuelve a situar el foco en la tensión entre el equilibrio fiscal propuesto por la Casa Rosada y la inversión educativa reclamada por las universidades.
Mientras el Gobierno insiste en que la ley afecta la estabilidad macroeconómica, el sector académico alerta sobre un daño irreparable al sistema profesional argentino. ¿Podrá la intervención judicial resolver una disputa que ya excede lo presupuestario para convertirse en un conflicto de poderes?
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