Imputaron a Francisco Adorni en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El fiscal Guillermo Marijuan ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del diputado bonaerense tras una denuncia de Marcela Pagano.
Imputaron a Francisco Adorni en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El fiscal Guillermo Marijuan ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del diputado bonaerense tras una denuncia de Marcela Pagano.
El fiscal federal, Guillermo Marijuan, imputó a Francisco Jorge Adorni, actual diputado de la provincia de Buenos Aires y exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación, en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La medida judicial incluyó el requerimiento para levantar el secreto fiscal y bancario del legislador, además de solicitar información detallada sobre sus bienes, viajes y registros comerciales a más de 30 organismos públicos y entidades financieras.
En primer lugar, cabe destacar que la investigación penal comenzó formalmente tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El expediente recayó en el Juzgado Federal Número 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien delegó la dirección del caso en el Ministerio Público Fiscal.
La hipótesis inicial busca determinar si existieron inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción entre los períodos 2024 y 2025.
El objeto del proceso penal se concentra en el lapso temporal en el cual el imputado se desempeñó en la función pública del Poder Ejecutivo Nacional. Francisco Adorni ingresó en diciembre de 2023 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y en junio de 2025 pasó a presidir el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para pago de retiros y pensiones militares.
Finalmente, tras las últimas elecciones legislativas, asumió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense por el bloque de La Libertad Avanza.
De acuerdo con las declaraciones patrimoniales que constan en la causa judicial, el investigado reportó en 2024 un patrimonio neto de $43.790.000, compuesto por el 50% de una propiedad en City Bell adquirida en 2016 y la mitad de un automóvil modelo 2017.
Para el ejercicio correspondiente al año 2025, el patrimonio neto declarado ascendió a $80.500.000. El incremento de los activos incluyó la adquisición de una camioneta Jeep Renegade modelo 2020 y la cancelación total de un crédito hipotecario del Banco Provincia por un valor cercano a los $60.000.000.
La presentación de la denunciante argumentó que los haberes del funcionario público resultaban insuficientes para saldar dicho pasivo en doce meses.
El dictamen del fiscal federal dispuso veinte medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad.
Marijuan solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto al Valor Agregado (IVA), junto con información sobre si el legislador se acogió a algún régimen de sinceramiento fiscal.
Asimismo, requirió informes sobre impuestos inmobiliarios y automotores a las agencias de recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGIP).
El requerimiento enviado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) ordenó librar una circular reservada a las entidades bancarias para recabar antecedentes sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, transferencias y movimientos de efectivo vinculados al imputado.
Por otra parte, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI) deberá certificar las titularidades registradas, mientras que la Inspección General de Justicia (IGJ) informará sobre eventuales participaciones societarias.
Las medidas también alcanzaron a la Dirección Nacional de Migraciones para auditar las salidas del territorio nacional y la identidad de eventuales acompañantes en pasos terrestres.
En cuanto al entorno familiar, la resolución judicial firmada por Marijuan delimitó de forma taxativa el alcance del expediente, aclarando que las menciones relativas al hermano del imputado y actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, no formarán parte de esta investigación particular.
La decisión se fundamentó en que el ministro coordinador ya se encuentra bajo un proceso penal independiente que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. No obstante, Marijuan solicitó una certificación de aquella causa para conocer si existen elementos compartidos respecto a bienes heredados.
El expediente del jefe de Gabinete registró avances recientes con la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de un inmueble en el barrio privado Indio Cuá que fue alquilado por Manuel Adorni.
El testigo ratificó ante el fiscal Pollicita el pago en efectivo de US$15.600 por una estadía de 13 meses, la cual se prolongó debido a refacciones en una vivienda de Exaltación de la Cruz que el funcionario adquirió por US$120.000.
Dicha declaración se sumó a la del contratista Matías Tabar, quien afirmó en sede judicial que las obras edilicias tuvieron un costo cercano a los US$245.000 abonados en efectivo sin facturación.
Ante las consultas de la prensa, el jefe de ministros rechazó la existencia de irregularidades y afirmó contar con el sustento correspondiente para sus declaraciones de bienes, recibiendo el respaldo público del presidente Javier Milei.
El curso de las dos investigaciones penales determinará si las justificaciones contables de los funcionarios se corresponden con las normativas vigentes sobre ética pública. ¿Lograrán las auditorías bancarias y los informes de recaudación fiscal esclarecer las diferencias patrimoniales observadas en los expedientes, o se abrirán nuevas derivaciones en los despachos de los tribunales federales?
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