El gobernador Sergio Ziliotto envió un proyecto a la Legislatura pampeana para limitar la venta de tierras rurales a extranjeros al 15%. La medida prohíbe enajenar recursos naturales estratégicos ante la falta de regulación nacional por el DNU.
El gobernador Sergio Ziliotto envió un proyecto a la Legislatura pampeana para limitar la venta de tierras rurales a extranjeros al 15%. La medida prohíbe enajenar recursos naturales estratégicos ante la falta de regulación nacional por el DNU.
En una clara respuesta política e institucional ante el vacío normativo que dejó la caída de la legislación de protección de dominios a nivel nacional, la provincia de La Pampa decidió tomar la iniciativa por su propia cuenta. El gobernador Sergio Ziliotto envió a la Cámara de Diputados provincial un ambicioso proyecto de ley de Tierras Rurales, con la meta explícita de establecer un techo estricto a la compra de campos por parte de capitales internacionales. La jugada busca frenar la pérdida de control sobre los recursos naturales pampeanos en un escenario donde las reglas del juego nacional quedaron desdibujadas, garantizando que el suelo productivo siga respondiendo a los intereses del desarrollo local.
El articulado presentado por el Poder Ejecutivo pampeano es tajante al marcar la cancha: prohíbe de manera absoluta que personas o firmas extranjeras compren parcelas que contengan recursos estratégicos. La veta abarca ríos, espejos de agua, humedales, bosques autóctonos y cuencas subterráneas, además de cualquier predio ubicado dentro de reservas naturales o áreas protegidas. Al mismo tiempo, la norma impide de forma drástica que Estados extranjeros o empresas con participación estatal de otros países puedan figurar como titulares de inmuebles rurales en el territorio de la provincia.
Para aquellos campos que no contengan reservas naturales ni recursos hídricos críticos, la iniciativa establece un esquema de topes según la capacidad de producción del suelo. El abanico de hectáreas permitidas para extranjeros va desde un mínimo de 1.000 hasta un techo de 20.000 hectáreas, dependiendo del departamento. Sin embargo, el filtro más duro lo marcan los porcentajes de control global: ningún departamento ni la provincia en su conjunto podrán tener más del 15% de su superficie en manos extranjeras, imponiendo además una restricción cruzada para que una misma nacionalidad no supere el 30% de ese cupo.
El proyecto prevé contemplaciones particulares para evitar perjudicar a familias radicadas en la región desde hace años. Las limitaciones de compra no correrán para extranjeros con una residencia mínima de 10 años, ni para quienes acrediten 5 años de estadía continua en el país si tienen hijos nacidos en Argentina o están casados con un ciudadano o ciudadana local. Jurídicamente, la Casa de Gobierno pampeana argumentó la validez del proyecto apoyándose en el dominio originario sobre sus recursos naturales y en las facultades no delegadas a la Nación que consagran la Constitución Nacional y la Carta Magna provincial.
La embestida legislativa de La Pampa se da en simultáneo con intensos movimientos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en las últimas horas decidió acelerar de manera drástica los tiempos procesales para resolver el expediente sobre la validez del DNU 70/23, el decreto que derogó la histórica ley de tierras a nivel federal. Mediante una resolución firmada en la semana, el máximo tribunal recortó de tres días a apenas 24 horas el plazo para que las partes acepten la incorporación de dos nuevos jueces al tribunal, habilitando días y horas inhábiles para acelerar la tramitación del caso.
Esta urgencia judicial obedece a que el expediente incluye un pedido de medida cautelar que, de ser aceptado, podría restaurar de inmediato las restricciones de venta de tierras a extranjeros en todo el país. Mientras las definiciones en el Palacio de Tribunales se aproximan, La Pampa prefirió no quedarse a la espera y abrochó su propia herramienta legal, tomando como modelo regulatorio normativas vigentes en países como Brasil, Uruguay o Canadá para asegurar la soberanía de su territorio.
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