El Comando Conjunto de Ciberdefensa solicitó los servicios de la empresa de Elon Musk como respaldo ante eventuales cortes de conexión. La decisión genera preocupación por la dependencia de infraestructura extranjera para uso militar, sumado a que la compañía ya opera en el archipiélago malvinense enrutando sus datos por Chile.
El titular del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD), el general de brigada Luis Guimpel, solicitó formalmente la incorporación del servicio satelital Starlink —propiedad del magnate Elon Musk— con el objetivo de garantizar una “necesaria redundancia” en las operaciones militares argentinas y evitar que un corte en los enlaces físicos prive a las fuerzas del acceso al ciberespacio.
Si bien la premisa de no depender exclusivamente de conexiones terrestres es correcta para evitar vulnerabilidades, la decisión encendió fuertes luces de alarma en torno a la soberanía tecnológica y la seguridad nacional. La controversia radica en que el sistema satelital no sería utilizado únicamente para conectividad en zonas remotas o administrativas, sino que se perfila como un soporte militar operacional para comunicaciones estratégicas.
En agosto pasado, el Ejército Argentino adjudicó un contrato por más de 467 millones de pesos a la firma Elipgo Technology, revendedora comercial autorizada de Starlink, para proveer un “servicio administrado de conectividad satelital para la Red Satelital de la Defensa”. Esto implica que información crítica y confidencial de las Fuerzas Armadas argentinas viajará a través de una infraestructura comercial perteneciente a un operador privado extranjero.
La preocupación central de los especialistas es que, aunque el Estado argentino pueda aplicar sus propios protocolos de cifrado a la información, no controla la constelación de satélites, el software propietario ni las puertas de enlace (gateways). Además, advierten que el simple tráfico de datos puede revelar metadatos valiosos —como la ubicación de una terminal, el tiempo de conexión y el volumen de información—, los cuales son objetivos primordiales de la ciberinteligencia a nivel global.
Este debate no es ajeno a la esfera internacional. La OTAN lanzó recientemente el proyecto HALO, buscando integrar satélites militares soberanos para evitar la dependencia de una sola constelación comercial extranjera, un camino hacia el que Argentina recién está dando pasos iniciales con el lanzamiento del nanosatélite experimental NanoSat.
El escenario suma una capa de complejidad geopolítica ineludible: Starlink opera desde noviembre de 2025 en las Islas Malvinas, tras obtener una licencia otorgada directamente por el gobierno británico isleño.
El dato más llamativo de esta operación comercial en el archipiélago en disputa es la arquitectura de red utilizada: el tráfico generado por las terminales Starlink instaladas en las Malvinas es enrutado hacia infraestructura localizada en Chile.
Esta situación configura una paradoja de alta sensibilidad estratégica para el país: mientras la Defensa argentina incorpora a Starlink para resolver necesidades de conectividad operacional, la misma compañía satelital desarrolla actividades comerciales bajo bandera británica en las Islas Malvinas y direcciona todo ese flujo de información a través del territorio chileno
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El Comando Conjunto de Ciberdefensa solicitó los servicios de la empresa de Elon Musk como respaldo ante eventuales cortes de conexión. La decisión genera preocupación por la dependencia de infraestructura extranjera para uso militar, sumado a que la compañía ya opera en el archipiélago malvinense enrutando sus datos por Chile.
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