Con 40 votos a favor, la Cámara Alta extendió hasta 2027 el programa de desarme voluntario. La nueva ley digitaliza trámites de tenencia, agiliza el registro de usuarios y busca trazar el origen del armamento en circulación.
Con 40 votos a favor, la Cámara Alta extendió hasta 2027 el programa de desarme voluntario. La nueva ley digitaliza trámites de tenencia, agiliza el registro de usuarios y busca trazar el origen del armamento en circulación.
El Senado de la Nación sancionó este jueves la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones. La iniciativa, que obtuvo 40 votos afirmativos y 26 negativos, extiende la vigencia del sistema de destrucción de armamento hasta el 31 de diciembre de 2027.
La normativa también introduce modificaciones estructurales para facilitar la regularización de la tenencia de armas en manos de particulares a través de plataformas virtuales.
La senadora de la Unión Cívica Radical, Carolina Losada, actuó como miembro informante del proyecto. Durante su exposición, la legisladora santafesina subrayó que la trazabilidad es el eje central de la reforma. Explicó que el cruce de datos con el Poder Judicial permitirá que cualquier ciudadano con medidas restrictivas, como una perimetral, pierda de forma automática su permiso de portación.
Por su parte, el sector del kirchnerismo manifestó su rechazo a la agilización de los trámites. El senador rionegrino Martín Soria sostuvo que las facilidades para obtener permisos podrían incrementar la inseguridad y los episodios de violencia.
En sintonía, la legisladora Anabel Fernández Sagasti criticó la coexistencia de políticas que permiten la adquisición de accesorios como silenciadores con este nuevo sistema de regularización, al que calificó como un beneficio para el sector.
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió la legalidad del sistema y descartó que la norma implique un armamento masivo de la población. La legisladora porteña argumentó que la digitalización del Registro Nacional de Armas (Renar) busca modernizar un sistema que presentaba irregularidades en la adquisición de municiones por fuera de los controles estatales.
Un punto relevante de la ley es el incentivo para los usuarios responsables. Aquellos que inicien la renovación de su Credencial de Legítimo Usuario 90 días antes de su vencimiento quedarán eximidos de acreditar nuevamente la idoneidad en el manejo de armas.
Paralelamente, el plan de entrega voluntaria mantiene su carácter anónimo y ofrece un estímulo económico mediante cupones canjeables por efectivo, sin indagar en el origen del material entregado.
Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Renar, informó ante las comisiones de Seguridad y Justicia que la digitalización ya muestra resultados. Según el funcionario, la cantidad de armas registradas creció un 20% en los últimos dos años, alcanzando las 360.000 unidades. El objetivo planteado por la gestión actual es facilitar la permanencia de los usuarios dentro de los marcos legales vigentes.
La implementación de este sistema digital y la extensión del plazo de entrega abren interrogantes sobre el impacto real en la reducción de la violencia armada. ¿Será la simplificación administrativa suficiente para disminuir el mercado ilegal, o se requiere un control más estricto sobre la circulación de municiones? El equilibrio entre la facilidad del trámite y la rigurosidad de la aptitud para el usuario permanece en el centro del debate legislativo.
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