El jefe de Gabinete y su hermano Francisco solicitaron a la Justicia la anulación de una deuda de u$s22.500 sobre un departamento heredado en La Plata. Argumentaron “desinterés” de las acreedoras, contradiciendo declaraciones previas sobre su patrimonio.
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se encuentra en el foco de la tormenta judicial tras revelarse detalles de un expediente de ejecución hipotecaria. Según documentación del Juzgado Civil y Comercial 18 de La Plata, el funcionario y su hermano Francisco solicitaron la prescripción de una deuda por u$s22.500. El pedido se realizó el 13 de noviembre de 2023, en plena transición hacia el balotaje presidencial.
El inmueble en cuestión es un departamento ubicado en la Calle 50 al 400 de la capital bonaerense, el cual forma parte de la herencia de su padre, Jorge Adorni. A través de su abogado, los hermanos argumentaron que las acreedoras originales demostraron un evidente “desinterés respecto de la persecución del cobro del crédito” durante más de dos décadas de litigio.
Monto reclamado: u$s22.500 por un contrato de mutuo con garantía hipotecaria firmado en 1996.
Plazo original: La última cuota debió abonarse el 1 de noviembre de 1997.
Situación judicial: La ejecución hipotecaria se inició en 2002 y se mantuvo activa hasta 2024.
La aparición de este expediente complica la estrategia de defensa del funcionario en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo salpica tanto a él como a su hermano, actual diputado bonaerense. Manuel Adorni pretendía utilizar este inmueble heredado como una de las bases para justificar el crecimiento de su patrimonio ante las autoridades correspondientes.
La presentación judicial echa por tierra las declaraciones públicas del vocero. En octubre de 2018, Adorni había afirmado en sus redes sociales que había pagado la hipoteca con mucho esfuerzo, asegurando en aquel momento: “Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiera perdido todo”.
Sin embargo, el escrito presentado por la defensa de los hermanos Adorni contradice de forma directa ese relato. En el documento formal se lee textualmente que la intención es “obtener una resolución de V.S. que declare prescripta la acción”, bajo la premisa jurídica de que la extinción de la obligación principal provoca la extinción de la hipoteca.
La historia del crédito se remonta a 1996, cuando Jorge Adorni acordó el pago del préstamo en 12 meses. Ante el incumplimiento del pago, las acreedoras Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittannico gatillaron la ejecución en el año 2002, coincidiendo con el fallecimiento del padre del funcionario. El caso pasó por la Capital Federal antes de radicarse formalmente en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Los hermanos Adorni enfatizaron ante el magistrado interviniente que mantener la hipoteca inscripta sobre el bien les genera un “perjuicio económico evidente ya que atenta directamente contra la posibilidad de disponerlo”. Para sumar opacidad al trámite, la representación legal de la familia notificó al juzgado platense que la escritura hipotecaria original celebrada en la década del noventa se había perdido.
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