Efectivos policiales retiraron legajos e historiales salariales del exfuncionario en el Ministerio de Defensa. La medida, ordenada por la fiscalía de Guillermo Marijuán, busca determinar si existió un enriquecimiento ilícito tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano.
La Justicia Federal requirió a la administración pública nacional la entrega de los registros de haberes, nombramientos y declaraciones juradas de Francisco Jorge Adorni. El procedimiento administrativo, impulsado por el fiscal federal Guillermo Marijuán en los tribunales de Comodoro Py, buscó recolectar documentación sobre las funciones que el actual legislador bonaerense desempeñó en el Poder Ejecutivo desde el inicio de la gestión presidencial en diciembre de 2023.
La causa penal comenzó a partir de una denuncia radicada por la diputada nacional Marcela Panago. La presentación judicial señaló un incremento patrimonial del 84% en el patrimonio de Adorni durante el lapso de un año, además de presuntas irregularidades en la cancelación de un préstamo de dinero.
Según la denuncia, el funcionario habría liquidado una deuda hipotecaria de $60.000.000 ante el Banco Provincia en doce cuotas, un monto que la acusación consideró incompatible con los ingresos de la función pública.
Paralelamente, el fiscal federal solicitó informes técnicos a más de 30 organismos del Estado. Las medidas incluyeron solicitudes de datos financieros, impositivos y aduaneros a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones recibió un requerimiento para remitir el historial de traslados internacionales del imputado y los nombres de sus acompañantes en cruces terrestres.
Frente a las medidas ordenadas, la defensa técnica del diputado provincial rechazó los términos de la denuncia y ofreció aclaraciones sobre los bienes. El abogado defensor Marcelo Peña precisó que el crédito bajo sospecha fue otorgado en 2016 y que los pagos continúan vigentes según el cronograma original.
Sin embargo, el letrado reconoció que existió una omisión formal en la declaración jurada del exfuncionario, consistente en una valuación menor a la real de un inmueble del cual posee el 50%.
Se trata de un dúplex de 162 metros cuadrados ubicado en la localidad de City Bell, tasado inicialmente en $38.790.000. El representante legal afirmó que la omisión ya fue rectificada ante ARCA y la Oficina Anticorrupción, y calificó la denuncia como una estrategia política generalizada.
El imputado ingresó al Estado como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri. Posteriormente, en junio de 2025, asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), cargo que dejó al ser electo diputado de la provincia de Buenos Aires por el espacio La Libertad Avanza.
Este expediente judicial tramita de manera independiente a la investigación que involucra a su hermano y jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, radicada en el juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
La resolución del caso dependerá del análisis de los informes bancarios y del cronograma de amortización que envíe el Banco Provincia. ¿Lograrán las pericias contables de los organismos tributarios aclarar la diferencia entre las omisiones declaradas por la defensa y el incremento patrimonial denunciado por el Poder Legislativo?
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