El fiscal Álvaro Garganta dispuso el cierre de las actuaciones penales iniciadas en 2023 por presuntas maniobras ilegales para borrar multas de tránsito. La resolución determinó que la evidencia recolectada es insuficiente para acreditar una defraudación económica.
La investigación penal que ponía bajo la lupa el funcionamiento del sistema de infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires fue archivada de manera definitiva. La resolución, firmada por el fiscal Álvaro Garganta, beneficia directamente a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), entidad que había sido denunciada por presuntas irregularidades en el manejo de las actas de fotomultas.
Las claves de la resolución judicial
El origen de la causa: Se inició en 2023 por una denuncia sobre una supuesta red de corrupción para eliminar multas a cambio de retornos económicos.
El fundamento del archivo: El fiscal dictaminó que no se reunieron pruebas suficientes para sostener la acusación ni acreditar el perjuicio fiscal.
El respaldo técnico: El cierre del expediente se ejecutó bajo los lineamientos del artículo 268, párrafo 4° del Código Procesal Penal bonaerense.
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La acusación original sostenía la existencia de una organización delictiva integrada por “gestores” particulares, funcionarios del Ministerio de Transporte bonaerense y miembros de diversos Juzgados de Faltas. Según la hipótesis denunciada, estos actores utilizaban claves de acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT) para borrar del sistema las deudas de los conductores, generando un millonario perjuicio a las arcas municipales y provinciales.
A pesar de la gravedad institucional de los hechos planteados en el inicio de la causa, el fallo técnico del fiscal Garganta subraya que el análisis exhaustivo del expediente no arrojó elementos que permitan sostener la acusación bajo los criterios obligatorios de racionalidad y eficacia procesal.
La resolución judicial determina que la evidencia recopilada durante los últimos tres años no posee la aptitud necesaria para avanzar en la formación de un legajo de prueba sólido. Al caducar las sospechas de defraudación económica y manipulación del sistema informático de radares, la Justicia resolvió dejar sin efecto la totalidad de las imputaciones planteadas contra la cámara empresarial y el personal auditado.
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