La presidenta encargada confirmó que se superará el compromiso inicial del Parlamento mediante mecanismos alternativos a la Ley de Amnistía.
La presidenta encargada confirmó que se superará el compromiso inicial del Parlamento mediante mecanismos alternativos a la Ley de Amnistía.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en el corto plazo se concretará la liberación de centenares de personas detenidas por motivos políticos. La medida amplía de forma significativa los compromisos iniciales asumidos por el Parlamento y se enmarca en el complejo escenario de transición que atraviesa el país caribeño.
Durante un acto público transmitido por la señal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria especificó el nuevo alcance del beneficio. En su discurso, Rodríguez señaló: “El presidente de la Asamblea Nacional había anunciado que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”.
La jefa de Estado, quien asumió el poder en enero pasado tras el derrocamiento de Nicolás Maduro mediante una incursión estadounidense y gobierna bajo la presión de Washington, ratificó su proyección al asegurar: “Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas”.
A diferencia de las medidas tomadas en febrero tras la promulgación de la Ley de Amnistía, Rodríguez aclaró que este nuevo grupo comprende casos que no estaban contemplados en dicha legislación. Por este motivo, las excarcelaciones siguieron un proceso gestionado a través de dos canales oficiales: la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
Bajo estos esquemas, que incluyeron consultas previas con universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG), ya se alcanzaron 395 liberaciones previas. Del anuncio participaron figuras clave del andamiaje institucional venezolano:
Jorge Rodríguez (presidente del Parlamento) y Diosdado Cabello (ministro de Interior y Justicia).
Caryslia Rodríguez (presidenta del Tribunal Supremo de Justicia) y el fiscal general Larry Devoe.
Eglée González Lobato (defensora del pueblo) y el diputado Jorge Arreaza.
Los colectivos de derechos humanos recibieron la noticia con prudencia y expectativa. Millares de personas resultaron arrestadas en los últimos tiempos bajo acusaciones de terrorismo y conspiración durante protestas o mediante operativos en sus hogares y lugares de trabajo.
Tras el discurso oficial, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió en la red social X sobre el impacto emocional que generan estas promesas en los afectados: “Recordamos que este tipo de pronunciamientos públicos genera enormes expectativas tanto en las personas detenidas arbitrariamente como en sus familiares, por lo que su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana”.
Por su parte, la organización Foro Penal mantiene la cautela sobre la situación carcelaria y estima que, previo a este anuncio, la cifra de personas privadas de su libertad por razones políticas superaba las 450 personas.
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