Fuerzas de seguridad de EE.UU. dejó tripulantes fallecidos en un operativo antinarcotráfico

Un ataque del Comando Sur de Estados Unidos en el Pacífico dejó tres tripulantes muertos tras bombardear una presunta narcolancha. El operativo, enmarcado en la lucha antidrogas, eleva a más de doscientos los fallecidos y genera críticas por posibles ejecuciones extrajudiciales.

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Imagen archivo

Una nueva intervención de combate llevada a cabo por las divisiones navales dependientes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos terminó con la destrucción de un navío menor que navegaba por los corredores de tránsito del océano Pacífico. De acuerdo con los informes suministrados por los mandos operativos del Comando Sur, las ráfagas dirigidas contra la embarcación provocaron el deceso inmediato de tres ocupantes, elevando a cifras centenarias las bajas registradas desde la implementación de las directivas de seguridad fronteriza dictadas por la Casa Rosada de Washington a finales del tercer trimestre del año anterior. Los registros visuales captados por las unidades de vigilancia aérea documentaron el instante en que el objetivo fue interceptado y neutralizado en plena navegación de superficie.

La jefatura militar a cargo de las misiones estratégicas en la región ratificó que las bajas correspondían a elementos vinculados a las organizaciones delictivas transnacionales y confirmó la ausencia de afectaciones o heridos entre el personal uniformado que ejecutó las maniobras de intercepción. El despliegue de fuerza responde al programa táctico denominado “Lanza del Sur”, un esquema de intervención directa justificado bajo la premisa de encontrarse en un estado de confrontación activa contra las corporaciones de narcotráfico que operan en las plataformas marítimas del continente americano. No obstante, las agencias oficiales del gobierno central no han divulgado de manera pública constancias probatorias concluyentes que verifiquen los cargamentos ilícitos de las naves bombardeadas.

Los procedimientos implementados han suscitado intensas controversias en los ámbitos del derecho internacional y entre los observadores de las agrupaciones de garantías civiles, quienes advierten sobre la posible comisión de ejecuciones sumarias al aplicarse tácticas letales contra objetivos desarmados en aguas abiertas. Diversos especialistas cuestionan la legitimidad jurídica de propinar ataques aéreos o navales contra embarcaciones civiles que no configuran una agresión bélica inminente hacia el territorio estadounidense. Paralelamente, la actual administración insiste en responsabilizar de manera exclusiva a las redes logísticas del exterior por la crisis de consumo interno, profundizando los operativos de interdicción armada como principal herramienta de contención en las fronteras marítimas.

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