Efectivos de la Policía Federal secuestraron 19 dispositivos de vigilancia, millones de dólares y estupefacientes en las propiedades del expresidente de ARSAT Facundo Leal. El exdirectivo permanece detenido sin fianza mientras la Justicia analiza ramificaciones de una causa por corrupción.
Efectivos de la Policía Federal Argentina incautaron una valija rígida con equipos profesionales de vigilancia encubierta en el domicilio del expresidente de la empresa estatal ARSAT, Facundo Leal.
El hallazgo ocurrió durante una serie de allanamientos ordenados en el contexto de una investigación por presuntas contrataciones irregulares y pago de retornos en la firma tecnológica de bandera nacional. El exfuncionario continúa arrestado en las dependencias de la División Drogas Peligrosas.
Posteriormente al ingreso de las fuerzas de seguridad en el departamento del imputado en Palermo Chico, los investigadores detectaron una caja estanca que albergaba grabadores de audio y video camuflados en elementos ordinarios.
Entre las pertenencias del exdirectivo se encontraban anteojos oscuros, llaves de vehículos, controles remotos, lapiceras y periféricos de computación modificados para el registro oculto. Asimismo, el cargamento incluía un detector de radiofrecuencias, un rastreador satelital, un teléfono celular de alta órbita y un bloqueador de señales inalámbricas.
Paralelamente, los uniformados confiscaron una suma cercana a los 2,4 millones de dólares en efectivo distribuida entre el inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad vinculada a Leal en la provincia de Mendoza.
Durante los operativos judiciales también se retiraron del lugar cantidades precisas de sustancias prohibidas, entre las que se contabilizaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 comprimidos sintéticos y 14 gramos de cocaína. El investigado argumentó ante el juzgado que los estupefacientes estaban destinados exclusivamente al consumo personal.
Respecto al expediente judicial, las pesquisas ratifican que la causa penal se inició en 2024 a raíz de supuestas anomalías en una licitación concedida a la firma Argentina Logistic Services para la custodia de insumos de telecomunicaciones.
El fiscal federal Domínguez y el juez federal Lino Mirabelli indagan si el dinero decomisado proviene de dichos manejos espurios. La fiscalía solicitó la intervención de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) para acceder a cuatro teléfonos celulares confiscados al exfuncionario, cuyos accesos digitales permanecen bloqueados.
Finalmente, las autoridades mantienen las actuaciones bajo estricto secreto de sumario para cumplimentar nuevas medidas probatorias sobre otros diez imputados de la administración pública y el sector corporativo.
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