La Casa Blanca responsabilizó a Ortega por el fallecimiento de un referente aborigen

Estados Unidos responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega por la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal en Nicaragua. El deceso generó condenas de la ONU y de organizaciones que denunciaron tres años de desaparición forzada.

Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una dura declaración diplomática en la que atribuye al Poder Ejecutivo de Managua la responsabilidad directa por el deceso del dirigente étnico Brooklyn Rivera. El referente de las comunidades caribeñas perdió la vida recientemente en un centro médico de la capital centroamericana mientras se encontraba privado de la libertad por disposición de las fuerzas de seguridad del país. Desde la subsecretaría para asuntos hemisféricos norteamericana se denunció que el referente nativo padeció un prolongado período de confinamiento irregular, aislamiento forzoso y condiciones de reclusión degradantes, catalogando el proceder del oficialismo sandinista como un hostigamiento sistemático hacia las voces disidentes de los pueblos originarios.

La desaparición física del veterano representante miskito y exlegislador nacional desencadenó inmediatas expresiones de repudio por parte de las plataformas de la oposición en el exilio y de las agencias globales de derechos humanos. Una comisión especial de especialistas dependiente de las Naciones Unidas exigió la apertura urgente de un sumario internacional independiente para esclarecer las circunstancias médicas del deceso, al tiempo que remarcó que las anomalías en el proceso judicial del dirigente configuran una violación flagrante de los pactos internacionales vigentes. Los organismos de supervisión global ya habían intimado previamente a las autoridades nicaragüenses a brindar certificaciones fehacientes sobre el estado de salud y el paradero del dirigente, ante la falta de transparencia de los partes oficiales.

El dirigente fallecido había adquirido relevancia continental al fundar el movimiento político Yatama, una organización dedicada a tutelar las prerrogativas territoriales y culturales de los pueblos raizales frente al avance de los proyectos estatales. Su detención original se había materializado a finales de 2023, luego de que el activista expusiera de manera pública las problemáticas de vulnerabilidad que atraviesan los asentamientos del Atlántico durante un foro de debate en el extranjero. Clasificado como un prisionero ideológico por las principales redes de auditoría humanitaria, el caso del líder aborigen se suma a la lista de expedientes críticos que tensionan los vínculos diplomáticos entre Washington y el binomio gobernante que comanda los destinos de la nación centroamericana desde hace casi dos décadas.

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