Bioceres denunció penalmente a una exdirectora por una estafa de doce millones de dólares mediante la transferencia irregular de acciones con firmas falsificadas. El fraude, revelado por exempleados, provocó el desplome bursátil de la firma biotecnológica en Nueva York.
Una intrincada maniobra delictiva que involucra el traspaso irregular de títulos valores por un monto cercano a los doce millones de dólares fue puesta a consideración de las autoridades ministeriales de la provincia de Santa Fe. La presentación penal, promovida por la representación legal de Bioceres Crop Solutions, describe un esquema de desvío de capitales que precipitó el posterior desmoronamiento de la firma en los mercados financieros de Nueva York. El descubrimiento del presunto ilícito se desencadenó a partir de revelaciones internas aportadas de forma anónima por antiguos colaboradores de los equipos jurídicos del grupo, quienes habían sido desvinculados de sus puestos de trabajo tras un reciente cambio en la composición del control accionario y la posterior declaración de quiebra voluntaria de la casa matriz histórica.
Las actuaciones judiciales apuntan a desentrañar la participación de una antigua alta ejecutiva del área legal, quien presuntamente coordinó la salida de cinco millones trescientas mil acciones ordinarias hacia los activos de una firma paralela dedicada a la agricultura molecular. La transacción bajo sospecha se habría validado mediante una cláusula de exención de responsabilidades dirigida a la entidad bancaria internacional encargada de custodiar los títulos de inversión. Dicho documento, que evitaba las verificaciones de autenticidad ordinarias, presentaba una rúbrica adulterada del director ejecutivo de la organización agroindustrial, Federico Trucco, quien ratificó ante los tribunales locales que jamás prestó su consentimiento para el movimiento de fondos ni convalidó el uso de su firma para tales fines operativos.
El entramado legal bajo análisis se ejecutó en momentos en que la principal acusada ya no poseía potestades institucionales dentro de la compañía afectada, aprovechando el acceso preferencial y los lazos de confianza técnica que mantenía con los intermediarios bursátiles. Fuentes vinculadas a los fundadores originales de la empresa tecnológica desvincularon de los hechos a los nuevos inversionistas extranjeros integrados al consorcio. Mientras las autoridades de los tribunales santafesinos evalúan la asignación del agente fiscal que comandará las pericias caligráficas e informáticas sobre los correos electrónicos institucionales incriminatorios, la comunidad de inversores y acreedores aguarda el desarrollo del expediente para determinar el alcance real de un desfalco que empañó el prestigio de uno de los unicornios agrarios más relevantes del plano local.
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