La organización Freeland International encendió las alarmas tras detectar un circuito ilegal de exportación de “trofeos” hacia el exterior. Apuntan contra un inspector ad honorem que acumula múltiples causas judiciales.
La organización Freeland International encendió las alarmas tras detectar un circuito ilegal de exportación de “trofeos” hacia el exterior. Apuntan contra un inspector ad honorem que acumula múltiples causas judiciales.
Una preocupante trama que vincula al turismo cinegético, influencers extranjeros y sospechas de corrupción estatal sacude a la localidad correntina de Sauce. La organización ambiental Freeland International, especialista en la investigación de redes de tráfico de fauna, encendió las alarmas tras detectar que desde abril de 2025 se promocionan de forma irregular safaris de caza en la región.
De acuerdo con las pesquisas, los contingentes del exterior contaban con la supuesta “colaboración” de un inspector local de vida silvestre. El objetivo del entramado consistía en facilitar que los animales ejecutados fueran exportados ilegalmente como “trofeos” de taxidermia hacia países como España, Brasil o Estados Unidos, pese a que la localidad de Sauce no posee las autorizaciones correspondientes de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para efectuar dichas salidas.
A raíz de estas revelaciones y tras un pedido de la Policía Federal, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) abrió de manera formal una investigación penal por presunto contrabando. En el centro de las miradas se encuentra Diego Miguel Ruiz Díaz, un inspector de Flora y Fauna de la provincia que se desempeña de forma ad honorem y que, según su propio superior, posee un pasado como cazador furtivo.
A pesar de que el director de Recursos Naturales de Corrientes, Agustín Portela, justificó la designación alegando que los excazadores “saben perfectamente dónde están las trampas”, el perfil de Ruiz Díaz está sumamente comprometido. Entre 2022 y 2025, el funcionario acumuló nueve causas en su contra en la Unidad Fiscal de Curuzú Cuatiá. Los expedientes en trámite —que las autoridades judiciales negaron que vayan a ser archivados— revisten extrema gravedad e incluyen delitos como:
Asociación ilícita
Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público
Detenciones injustificadas
Hurto y lesiones leves
El nombre de Ruiz Díaz ya había resonado en 2021 tras el decomiso de más de 580 kilos de astas de ciervo axis con destino a China, valuadas en 5000 dólares. Si bien el inspector fue absuelto por “falta de pruebas” debido al extravío de la documentación de trazabilidad, se constató que 71 de esas astas provenían de la cacería clandestina y que la mercadería confiscada fue posteriormente vendida a acopiadores por el propio Estado provincial sin dejar registros claros de las ganancias obtenidas.
A este turbio panorama se añaden graves testimonios del sector privado. Fabio Ávalos, propietario del coto de caza La Alemana, denunció judicialmente al inspector por hostigamiento y extorsión. Según relató el empresario, Ruiz Díaz le exigió de forma directa entre el 20% y el 30% de sus ganancias operativas a cambio de permitirle trabajar sin inconvenientes en su establecimiento.
El relevamiento de Freeland International identificó al menos dos establecimientos cinegéticos patrocinados por el funcionario donde los clientes internacionales exhiben en redes sociales el uso de silenciadores y miras nocturnas, elementos cuya utilización se encuentra estrictamente prohibida por las leyes nacionales.
Aunque el cuerpo legal de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes ha intentado minimizar las denuncias catalogándolas como una “confabulación de cazadores disconformes”, la justicia federal avanza sobre los rastros de una organización que destruye la biodiversidad y utiliza las credenciales del Estado en beneficio propio.
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