Estados Unidos revocó el visado a cien funcionarios nicaragüenses por la muerte en prisión del líder indígena Brooklyn Rivera. Washington responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega por la falta de atención médica y las trabas impuestas al sepelio del dirigente.
El Departamento de Estado de la Unión Americana oficializó la revocación de visados para un nuevo contingente de autoridades gubernamentales de Nicaragua, vinculando directamente la medida al fallecimiento bajo resguardo judicial del exdiputado y dirigente miskito Brooklyn Rivera. El titular de las relaciones exteriores estadounidenses, Marco Rubio, manifestó formalmente el rechazo de su administración ante el progresivo deterioro físico que sufrió el activista de setenta y tres años durante su período de reclusión en la capital del país centroamericano, una situación que culminó con su muerte hospitalaria. Las medidas de restricción de movilidad se extienden también a los círculos familiares de los sancionados, como parte de una política de presión sostenida que ya acumula miles de penalizaciones individuales contra colaboradores directos del Ejecutivo nicaragüense por su participación en el aparato represivo de Managua.
La diplomacia norteamericana individualizó responsabilidades en figuras del andamiaje estatal como Lumberto Campbell Hooker, sobre quien ya pesaban castigos económicos previos, acusándolo de bloquear los tratamientos terapéuticos requeridos por el dirigente indígena durante su cautiverio y de interferir de manera directa en los ritos fúnebres organizados por sus allegados. Los portavoces de la Casa Blanca reafirmaron su compromiso con las demandas de institucionalidad del pueblo de la nación caribeña, condenando las acciones del entorno de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente al tratamiento de los disidentes. Este incremento en las sanciones consulares busca aislar internacionalmente a los mandos medios y superiores de las agencias gubernamentales que convalidan el hostigamiento a las minorías étnicas y a los opositores políticos en el territorio.
Las ventas minoristas cayeron en junio pese a picos puntuales en televisores por el Mundial y al repunte del comercio electrónico. El Gobierno sigue con atención la debilidad del consumo, que aún no refleja la baja de la inflación.
Tras la mejora de la nota soberana argentina, Moody’s elevó la calificación crediticia a B1 de TGS, Aeropuertos Argentina, EDEMSA, Genneia e YPF Luz. La agencia destacó la solidez operativa de las firmas y su bajo nivel de endeudamiento.
Un informe de la Universidad de Buenos Aires reveló que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en vulnerabilidad social. El estudio alerta sobre la deserción escolar, la informalidad laboral y el avance del aislamiento social y desánimo.
El diplomático de carrera Daniel Raimondi fue citado por la Cancillería brasileña tras las descalificaciones de Javier Milei contra Lula da Silva. Con amplia trayectoria en integración regional, el embajador en Brasilia afronta la tarea de contener la tensión bilateral.
En entrevista con Perfil, Martín Redrado propuso reformar la Carta Orgánica del Banco Central para eliminar el financiamiento al Tesoro y las designaciones en comisión. Además, recomendó reducir su directorio y avanzar gradualmente en la quita de controles cambiarios.
La Libertad Avanza negocia intensamente en el Senado para aprobar la eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros. Pese al rechazo de gobernadores y aliados por el impacto territorial, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger mantienen la iniciativa firme.
Una investigación de Nicolás Wiñazki reveló que Gerardo Zamora financió el ascenso de Pablo Toviggino en la AFA con millonarios subsidios públicos a Central Córdoba. El informe expone adjudicaciones privilegiadas y funcionarios estatales ocupando cargos directivos en el club.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se declaró inocente de lavado de dinero y desligó judicialmente a Claudio Tapia. Aseguró que su patrocinio en la AFA fue comercial y reveló que hoy trabaja en el mercado financiero informal.
