Freno judicial a las auditorías sobre las finanzas de la AFA

La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.

Toviggino y Tapia. Foto: NA.

El entramado legal que rodea las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo de parálisis tras la concesión de una medida de resguardo dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La resolución de la Sala D, integrada por los magistrados Luis Maximiliano Caia, Juan Manuel Converset y Gabriel Gerardo Rolleri, bloqueó provisionalmente las intimaciones de la Inspección General de Justicia, la cual exigía el ingreso inmediato de veedores gubernamentales a las oficinas de la calle Viamonte para examinar los movimientos contables registrados entre las temporadas de 2022 y 2025. Los investigadores sectoriales interpretan este movimiento como una maniobra orientada a dilatar los plazos procesales hasta la culminación de los compromisos internacionales en Norteamérica, bajo la hipótesis de que un escenario de fervor popular y eventuales logros deportivos amortigüe la repercusión de los expedientes penales en curso.

La determinación del tribunal de alzada interrumpió de forma tajante el apercibimiento administrativo impulsado por la nueva conducción del organismo de control, que pretendía sancionar la sistemática negativa de la cúpula dirigencial a suministrar la documentación de respaldo. De manera simultánea, las pesquisas penales acumulan dictámenes donde se advierte sobre un presunto esquema de administración infiel vinculado a los cuantiosos dividendos obtenidos por la explotación de la marca de la selección nacional en el extranjero. Los informes de la fiscalía en lo Penal Económico señalan que la falta de especificidad en los balances precedentes habría operado como una pantalla informativa para disimular la derivación de flujos financieros a través de una corporación radicada en Norteamérica y manejada por un conocido promotor comercial, cuyo vínculo de exclusividad como agente de recaudación fue extendido de manera unilateral hasta finales de la década.

Las incongruencias detectadas por los peritos judiciales incluyen la llamativa alternancia de una deuda multimillonaria que figura de manera parcial en los balances recientes para luego desaparecer de los registros, un patrón que coincide con el imprevisto traslado de la sede social hacia la periferia bonaerense con el presunto fin de eludir las jurisdicciones de control habituales. Las auditorías bancarias exponen además la existencia de transferencias millonarias bajo conceptos genéricos y operaciones cambiarias de envergadura tramitadas en entidades cooperativas, las cuales contrastan con el explosivo incremento patrimonial de la institución, cuyos activos declarados ante el fisco se multiplicaron por más de treinta desde la consagración en tierras asiáticas. Ante este escenario de opacidad, los tribunales federales de Zárate sostienen directivas para rastrear los consumos de plásticos corporativos de supuestos intermediarios y verificar si los contratos de prestaciones externas guardaban relación con los valores de plaza o si constituyeron herramientas de desvío de capitales.

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