El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
Los tribunales de Comodoro Py comenzaron a desentramar un presunto circuito de defraudación y enriquecimiento ilícito enquistado en las oficinas estatales que supervisan las terminales aéreas del país. El requerimiento de instrucción penal fue formalizado por el fiscal de la Fiscalía N° 7, Ramiro González, tras una presentación efectuada la semana pasada por la parlamentaria nacional Marcela Pagano. Las primeras directivas del ministerio público buscan descifrar el andamiaje corporativo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y corroborar si los activos públicos fueron administrados de modo espurio, en una causa que salpica tanto a la actual directora de la entidad —ligada al entorno de los asesores presidenciales— como a su predecesor, quien recientemente resultó arrestado en el marco de otra pesquisa sobre la empresa estatal de telecomunicaciones.
La hipótesis del fiscal apunta a la coexistencia de una red de recaudación de retornos financieros que supuestamente exigía un dividendo cercano al diez por ciento para destrabar las liquidaciones a contratistas. Para verificar el origen de los patrimonios, la Justicia solicitó reportes de solvencia comercial y los antecedentes laborales de los directivos clave del ente, incluyendo a la vicepresidencia y a un supervisor de gestión incorporado recientemente para coordinar las áreas de operaciones. La sospecha principal sugiere que la reestructuración interna del organigrama tuvo como finalidad desplazar a los técnicos de carrera y concentrar las decisiones en personas de confianza, facilitando de ese modo la discrecionalidad en los pagos y las mejoras en las escalas de remuneración de la jerarquía bajo sospecha.
Bajo este panorama, las pesquisas se centraron de igual modo en el manejo de los fondos fiduciarios destinados al equipamiento aeroportuario, donde se advierte una llamativa concentración de contratos adjudicados a un puñado de constructoras privadas durante el último año y medio. Con el propósito de hallar inconsistencias, se ordenó a las entidades de control del gasto público, como la Sindicatura y la Auditoría General, que remitan de inmediato cualquier advertencia o informe negativo archivado sobre estas licitaciones. En simultáneo, las oficinas de combate contra la corrupción deberán certificar si el modus operandi denunciado guarda similitudes con los mecanismos de desvío utilizados por el anterior administrador en otras dependencias tecnológicas del Estado, con el fin de determinar la posible extensión de este patrón de delincuencia administrativa.
El lunes feriado alterará los servicios en el AMBA: trenes, subtes y colectivos circularán con cronogramas de domingo. La recolección de residuos nocturna funcionará normal en CABA, mientras que los hospitales mantendrán activas solo sus guardias de emergencia y el SAME.
La Legislatura porteña debate un endurecimiento del Código Contravencional contra los cuidacoches, elevando las multas y los días de arresto. El proyecto penaliza la intimidación, las mafias organizadas y el accionar en eventos masivos, generando cruces con la oposición.
Argentina reportó 4060 muertes viales, con un marcado contraste regional: el norte registró las tasas de mortalidad más altas debido al uso riesgoso de motos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires logró el índice más bajo gracias al cumplimiento del casco.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
