Con 44 votos a favor y 23 en contra, el Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II, una iniciativa que flexibiliza el régimen simplificado de Ganancias y facilita la regularización tributaria.
Con 44 votos a favor y 23 en contra, el Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II, una iniciativa que flexibiliza el régimen simplificado de Ganancias y facilita la regularización tributaria.

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por el Poder Ejecutivo para flexibilizar el régimen simplificado de Ganancias y facilitar la regularización de inconsistencias tributarias. La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra.
La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza y varios bloques opositores dialoguistas. El peronismo rechazó el proyecto porque consideró que ofrece ventajas para contribuyentes con mayor capacidad económica y que puede funcionar como un blanqueo de fondos sin una justificación suficiente sobre su origen.
La sesión también incluyó el acuerdo para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias sobre la Justicia criminal y correccional de menores. El tratamiento del proyecto de Biocombustibles fue postergado durante la jornada.
Uno de los principales cambios consiste en ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias. Según las fuentes consultadas, la legislación vigente excluye a quienes hayan superado ingresos de mil millones de pesos o un patrimonio de diez mil millones de pesos en alguno de los últimos 3 años.
La nueva norma elimina esos límites para los contribuyentes con residencia fiscal en el país. También modifica el criterio utilizado para determinar una discrepancia significativa entre la información declarada y los datos en poder de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo con la explicación brindada durante el debate, una diferencia del 15% o más no será considerada significativa si no supera los 5 millones de pesos. El objetivo declarado por el oficialismo consistió en evitar que errores de bajo monto deriven automáticamente en inspecciones o en la pérdida de los beneficios del régimen.
La ley también permite rectificar declaraciones y regularizar la situación tributaria sin quedar excluido de manera automática. Los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado tapón fiscal podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027.
El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera Lucero defendió el proyecto como un cambio en la relación entre el fisco y los contribuyentes. Sostuvo que la norma permitirá incorporar al sistema financiero parte de los ahorros que permanecen fuera de los bancos.
El legislador afirmó que existirían cerca de 170.000 millones de dólares fuera del sistema bancario, aunque las fuentes no aportaron una estimación independiente que permitiera verificar esa cifra.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que la norma permitirá a las familias utilizar sus dólares “con libertad total” y que contribuirá a construir una Argentina “simple y previsible”. También afirmó que los funcionarios y los grandes contribuyentes podrán acceder a la simplificación formal, pero no a sus beneficios.
Desde el peronismo, José Mayans definió la iniciativa como una ley de blanqueo y cuestionó que favoreciera a funcionarios y sectores de altos ingresos. Jorge Capitanich sostuvo que la presunción de inocencia fiscal no permite justificar el origen del patrimonio y reclamó una reforma tributaria más amplia.
El senador Fernando Salino intentó ampliar las restricciones para funcionarios, personas políticamente expuestas y sus familiares. Sin embargo, el oficialismo no aceptó modificaciones y el proyecto fue aprobado sin cambios.
El alcance real de la norma dependerá ahora de su reglamentación y de la forma en que ARCA aplique los nuevos criterios. También quedará abierto el debate sobre si la flexibilización logrará incorporar ahorros al circuito formal sin debilitar los controles contra la evasión.
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