La secretaria general de la Presidencia analiza alternativas para desplazar al jefe de Gabinete ante las presiones aliadas por denuncias de corrupción. Mientras Patricia Bullrich exige definiciones rápidas, Javier Milei se atrinchera para proteger a su funcionario de confianza.
La tensión política en el seno del Gobierno escaló de forma drástica en las últimas horas debido a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comenzó a evaluar distintas alternativas para forzar una salida del funcionario y evitar que el escándalo opaque la gestión oficial.
Las claves de una crisis que paraliza la gestión:
Presión de aliados: El PRO y sectores de la UCR exigen la renuncia inmediata del jefe de Gabinete.
Resistencia en la Rosada: El presidente Javier Milei rechaza entregar a su funcionario de confianza.
Frente judicial: Adorni enfrenta un inminente pedido de indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
En este escenario de crisis, Karina Milei mantuvo conversaciones clave con Patricia Bullrich para definir los pasos a seguir ante el fuerte ruido político. Según trascendió, la actual senadora oficialista le advirtió a la “hermanísima” sobre la urgencia de tomar una decisión drástica para no paralizar la agenda económica y legislativa del Poder Ejecutivo.
“Hay decisiones que hay que tomar, no importa si son justas o injustas”, habría lanzado de forma directa la exministra de Seguridad durante el intercambio. Ante el planteo, la secretaria general de la Presidencia optó por una respuesta cautelosa y pidió un margen de algunos días para terminar de delinear la estrategia oficial.
A pesar de las intensas gestiones en Balcarce 50, Javier Milei mantiene una postura de extrema resistencia y se niega a escuchar los consejos de su círculo íntimo. El jefe de Estado vive la situación de Adorni en términos personales y no está dispuesto a entregar al exvocero ante los duros cuestionamientos de la oposición y de los partidos aliados.
Por su parte, el jefe de Gabinete se mantiene silenciado y con una agenda pública casi nula, aunque está previsto que acompañe al mandatario en los actos oficiales. Puertas adentro de su oficina, Adorni asegura que no contempla la posibilidad de renunciar y continúa elaborando su informe de gestión para el Senado, pautado para julio.
Entre las opciones que barajan las espadas legales del Gobierno, cobró fuerza la idea de que el funcionario no esté en funciones operativas cuando la Justicia avance. El fiscal Gerardo Pollicita requerirará próximamente la justificación de la declaración jurada del ministro coordinador, en lo que se prevé como un paso previo a la citación indagatoria.
Los principales socios legislativos del oficialismo manifestaron un absoluto rechazo a la posibilidad de otorgar una licencia al cuestionado funcionario. Desde el PRO advierten que esa figura legal no existe para el segundo cargo de mayor relevancia institucional dentro del organigrama del Gobierno nacional.
Exfuncionarios del macrismo explicaron que la legislación argentina solo contempla ausencias por enfermedad, pero no suspensiones temporales en plena actividad. Los técnicos del Congreso sostienen que otorgar un apartamiento transitorio es inviable porque bloquea la firma de decretos fundamentales y paraliza la administración pública.
Frente a este vacío legal, un decreto firmado en diciembre modificó el régimen de reemplazos de emergencia, permitiendo que Capital Humano o Defensa asuman la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, la bancada del PRO en la Cámara Alta insiste en que la única salida institucional es el apartamiento definitivo del exvocero de su cargo actual.
En el ambiente político recuerdan un caso similar ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se suspendió preventivamente al titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. En aquella oportunidad, la denuncia fue impulsada por la propia Patricia Bullrich, quien hoy vuelve a liderar el reclamo de transparencia dentro de la coalición gobernante.
No obstante, los legisladores marcan una profunda diferencia entre la Aduana y la Jefatura de Gabinete, un rol con altísima responsabilidad constitucional ante el Parlamento. Los senadores del PRO reiteraron que la presencia de Adorni traba las negociaciones legislativas y daña severamente la credibilidad del programa económico oficial.
El malestar con el funcionario se profundizó luego de que el bloque macrista denunciara que Adorni faltó a la verdad ante los representantes del pueblo. Los principales referentes parlamentarios afirman que el Gobierno debe reaccionar con rapidez para preservar el rumbo del cambio y evitar un desgaste innecesario en su capital político.
El Tribunal de Defensa de la Competencia condicionó la compra de Telefónica. Le impuso a Telecom desprenderse de 6 millones de usuarios móviles, accesos a banda ancha y espectro radioeléctrico. La empresa tildó la medida de excesiva.
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