La Cámara Civil ratificó la mudanza de la sede social a Pilar y anuló la designación de veedores del Gobierno nacional. Con este revés para la IGJ, los balances de la entidad quedan bajo órbita bonaerense.
La Cámara Civil ratificó la mudanza de la sede social a Pilar y anuló la designación de veedores del Gobierno nacional. Con este revés para la IGJ, los balances de la entidad quedan bajo órbita bonaerense.
La Cámara Nacional en lo Civil dictó un fallo clave que favorece a Claudio “Chiqui” Tapia en su prolongada disputa contra el Poder Ejecutivo. El tribunal de apelaciones ratificó formalmente la legalidad del traslado de la sede social de la AFA hacia territorio bonaerense.
Los puntos centrales del histórico fallo judicial:
Anulación total: Se revocó la resolución de la IGJ y la designación de veedores del Ministerio de Justicia.
Control bonaerense: La fiscalización de los balances queda en manos de la Dirección de Personas Jurídicas provincial.
Fin del doble comando: Los jueces determinaron que la entidad no puede ser controlada por dos organismos a la vez.
La resolución dispuso de forma inmediata la cancelación de la inscripción de la AFA dentro del Registro Público de la Capital Federal. Los camaristas argumentaron que las facultades de control técnico corresponden exclusivamente a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el control de legalidad sobre la máxima entidad del fútbol local quedó bajo la órbita de Personas Jurídicas bonaerense. La mudanza a la localidad de Pilar había sido aprobada por unanimidad durante una Asamblea General realizada en 2024.
La controversia de carácter administrativo comenzó cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) desconoció la validez de la reforma estatutaria. El organismo regulador porteño rechazó la mudanza e intentó retener la potestad de auditar las finanzas internas.
La entidad que conduce Tapia rechazó la intromisión oficial alegando que vulneraba las normativas de la autonomía institucional. El conflicto escaló rápidamente hasta los tribunales civiles, donde los asesores letrados de la asociación presentaron un recurso directo de queja.
Finalmente, los magistrados Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset declararon nulas todas las medidas restrictivas de la IGJ. El tribunal de alzada consideró que la repartición estatal porteña excedió abiertamente sus competencias legales específicas.
La decisión de la justicia civil también volteó la resolución dictada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Aquella orden de la cartera nacional pretendía imponer veedores por un plazo de 180 días sobre la asociación deportiva.
Los veedores gubernamentales tenían la misión expresa de revisar presuntas irregularidades en el funcionamiento institucional de la histórica sede de la calle Viamonte. Esta fiscalización del Ministerio se originó tras un informe técnico muy crítico de la IGJ.
Sin embargo, la Cámara Civil de Apelaciones determinó que la intervención carece de validez jurídica por depender de una resolución inicial ya anulada. Los jueces explicaron detalladamente que el Ministerio no poseía competencia para ordenar este tipo de auditorías.
El fallo judicial detalló con firmeza que someter a una asociación civil a un doble control estatal simultáneo resulta inadmisible. Los jueces remarcaron que esta superposición de inspecciones atenta directamente contra el sistema federal y el derecho administrativo argentino.
“La IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial”, sentenciaron los camaristas de forma contundente en los fundamentos del escrito. Los magistrados subrayaron que no se puede revisar un acto administrativo que ya fue convalidado por las autoridades provinciales.
La fallida veeduría oficial que impulsaba el Gobierno nacional buscaba auditar las transferencias de dinero y los millonarios contratos de televisación. El plan de control estatal también ponía el foco sobre el proyecto de la universidad vinculada a la casa madre.
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