Mediante la Resolución 1297/2026, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó un incremento arancelario del 2,10% para junio. La medida, calculada bajo la inflación de mayo, incluye un adicional del 20% para los prestadores de la región patagónica.
La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1297/2026, comenzó a regir para el período de junio de este año. El incremento se calculó de forma homogénea sobre todas las categorías de servicios a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo.
El nuevo esquema fijó que la cobertura para un centro de día en jornada doble ascendió a $1.058.791,92, mientras que la modalidad de jornada simple se ubicó en $563.272,78. Por su parte, los centros educativos terapéuticos percibieron un tope de $1.189.351,59 para la jornada doble y $649.532,62 en la simple.
En cuanto a las terapias de estimulación temprana, el monto asignado se estableció en $399.052,42. Asimismo, el reconocimiento para el transporte especial se pautó en $865,07 por kilómetro recorrido.
La normativa ratificó la vigencia de un adicional del 20% sobre el arancel básico para aquellas prestaciones que se desarrollen en las provincias de la región patagónica. El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, fundamentó este beneficio en la necesidad de equiparar los costos operativos derivados de las condiciones logísticas y geográficas de la zona.
Paralelamente, organizaciones del sector e instituciones prestadoras señalaron que los incrementos otorgados resultan insuficientes para afrontar los gastos de alquileres, salarios y mantenimiento de servicios. Las familias mantuvieron el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad número 27.793, sancionada por el Congreso de la Nación en 2025.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo impulsa en el Senado el proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Esta iniciativa contempla la obligatoriedad de un reempadronamiento para los titulares de pensiones no contributivas, quienes deberán acreditar nuevamente sus condiciones médicas, socioeconómicas y laborales mediante entrecruzamientos de datos entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El proyecto fija la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y propone la incompatibilidad absoluta con el empleo registrado, además de la eliminación de los plus por zona desfavorable.
En otro orden, la Secretaría de Transporte informó que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico continuará siendo válido para acceder de forma gratuita al transporte público de pasajeros. La aclaración se emitió luego de detectarse demoras y consultas en oficinas estatales respecto a la integración del beneficio con el sistema SUBE.
A partir del 19 de junio de 2026, los usuarios tienen la opción de asociar el documento de discapacidad a una tarjeta SUBE registrada para su uso en trenes y colectivos de jurisdicción nacional.
Las autoridades remarcaron que este trámite es optativo y no invalida el mecanismo de presentación directa del certificado que rige actualmente. ¿Lograrán estas medidas administrativas equilibrar la sustentabilidad del sistema de atención frente a las reformas estructurales propuestas en el Congreso
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