Chile: el Parlamento solicitó al Ejecutivo prohibir las modificaciones gramaticales por género

La Cámara de Diputados de Chile aprobó solicitar al presidente José Antonio Kast la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública. La derecha celebró el freno a la “agenda woke”, mientras organizaciones civiles denunciaron censura ideológica estatal.

José Antonio Kast. Agencia NA (Xinhua)

El Congreso chileno dio un paso firme en su agenda de revisión cultural al convalidar un pedido formal dirigido al mandatario José Antonio Kast para erradicar las fórmulas lingüísticas con perspectiva de género en las dependencias oficiales. Con una holgada mayoría de ochenta y cinco respaldos frente a cincuenta y tres rechazos, las bancadas conservadoras y sectores independientes de corte populista lograron imponer esta resolución. La medida pretende dejar sin efecto los lineamientos de comunicación que se habían diseminado durante la gestión precedente de Gabriel Boric, argumentando que las estructuras alternativas configuran una deformación de las normas idiomáticas tradicionales.

Los promotores de la iniciativa parlamentaria instaron a la confección de decretos específicos que penalicen las variaciones morfológicas asociadas a identidades de género o pertenencias étnicas en los documentos públicos. Desde los sectores más duros del oficialismo trasandino celebraron el resultado como un límite a lo que denominaron imposiciones doctrinarias de minorías, criticando el gasto de recursos en la confección de directrices de comportamiento lingüístico. Esta ofensiva parlamentaria se alinea con la impronta ideológica del nuevo signo político en La Moneda, que recientemente también optó por marginar al país de los compromisos regionales en materia de derechos de las minorías sexuales ante los organismos hemisféricos.

Por el contrario, las organizaciones civiles y colectivos que defienden la diversidad manifestaron su enérgico repudio ante lo que consideran un acto de censura institucional sin fundamentos técnicos sólidos. Activistas de los derechos humanos denunciaron que la resolución busca acallar transformaciones sociales genuinas mediante un intervencionismo estatal sobre los modos de expresión de la ciudadanía. Asimismo, aclararon que los instructivos cuestionados nunca revistieron un carácter punitivo o imperativo, sino que funcionaban como sugerencias de inclusión, por lo que acusaron a la representación legislativa de forzar un debate ideológico para contentar a sus bases electorales.

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