Péter Magyar anunció este lunes ante la Asamblea Nacional una enmienda constitucional para deponer al mandatario Tamás Sulyok e implementar la “Operación Purgatorio”, una reforma legal integral dirigida a erradicar la corrupción sistémica en Hungría.
El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, anunció este lunes ante la Asamblea Nacional una propuesta de enmienda constitucional destinada a dar por terminado el mandato del actual presidente de la República, Tamás Sulyok. El jefe del gobierno justificó la medida al señalar la necesidad de renovar las instituciones del Estado y reestructurar el ordenamiento legal del país.
Según el proyecto oficial, el cese de funciones de Sulyok se haría efectivo al día siguiente de la entrada en vigor de la decimoséptima enmienda a la Ley Fundamental, estimándose como fecha límite el próximo 20 de julio.
La propuesta contempla que, una vez concretada la salida del actual mandatario, el Parlamento elija a un sucesor provisional por un período máximo de cinco años, con el compromiso gubernamental de consensuar un candidato antes del 20 de agosto.
Paralelamente, las reformas estipulan modificaciones en el Tribunal Constitucional, restableciendo el límite de edad de 70 años para los magistrados, lo que implicaría la salida obligatoria de jueces como Péter Polt.
Asimismo, se planteó un nuevo esquema de autoadministración judicial donde los propios magistrados nominarán a los presidentes de la Curia y del Tribunal Nacional de Justicia.
El plan normativo, denominado por el Ejecutivo como “Operación Purgatorio”, incluye la modificación de 47 leyes para la creación de la Oficina Nacional de Protección y Recuperación de Activos.
Esta nueva entidad fiscalizadora operará de forma independiente al gobierno, rendirá cuentas de manera exclusiva ante el Parlamento y tendrá la tarea de investigar el presunto uso indebido de fondos públicos durante las últimas dos décadas.
De acuerdo con las declaraciones del primer ministro, la corrupción representa un costo estimado de entre el 7% y el 10% del producto interno bruto (PIB) anual de la nación.
Para el financiamiento de la nueva oficina anticorrupción, las autoridades prevén un costo operativo de aproximadamente 10.000 millones de florines al año. De dicha cifra, 6.000 millones provendrán de la reasignación directa de los recursos que este año se habían destinado a la Oficina para la Protección de la Soberanía.
El diseño institucional establece que los directivos del nuevo organismo contarán con protección policial permanente y sus posibilidades de remoción serán limitadas para garantizar su autonomía.
Las medidas generaron un rechazo inmediato entre las bancadas de la oposición. El líder de la facción de Fidesz, Gergely Gulyás, calificó la intervención gubernamental de calumniosa y acusó al mandatario de intentar construir una dictadura y eliminar el diálogo político.
Por su parte, Bence Rétvári, representante del KDNP, objetó los duros términos empleados por el Ejecutivo y recordó que Magyar formó parte del entorno de la coalición anterior durante 14 años.
Desde el sector de Mi Hazánk, László Toroczkai criticó al primer ministro por ampararse en su inmunidad y cuestionó la falta de claridad en la presentación previa de los temas legislativos.
El texto de la reforma constitucional se encuentra disponible en el sitio web oficial del gobierno para recibir comentarios de la ciudadanía durante un periodo de cinco días, antes de ser enviado formalmente a las comisiones parlamentarias la próxima semana.
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