Ara San Juan: los fiscales solicitaron prisión para la antigua cúpula naval

El debate oral y público que se desarrolla en los tribunales federales de la Patagonia ingresó en su etapa resolutiva tras la exposición de las penas requeridas por el cuerpo de fiscales contra cuatro exmiembros de la conducción de la Armada. Los funcionarios judiciales formularon peticiones de privación de la libertad que oscilan entre los tres años y medio y los cinco años, acompañadas por la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, al considerarlos penalmente responsables de haber infringido sus obligaciones de control y de haber provocado una catástrofe evitable que derivó en el fallecimiento de la totalidad de los navegantes en el Atlántico Sur hace casi una década. Según la exposición del Ministerio Público, la tragedia del buque no respondió a un imprevisto de la naturaleza, sino a decisiones jerárquicas que autorizaron el despliegue operativo de un navío que presentaba graves averías y atrasos críticos en sus inspecciones en dique seco.

Los argumentos de la acusación se centraron en desarmar las estrategias de las defensas, que intentaban derivar la culpa de los acontecimientos hacia las maniobras ejecutadas por el oficial a cargo de la navegación en alta mar. Las fiscalías contrapusieron que las deficiencias del equipamiento de ventilación y los cortocircuitos subsiguientes en el área de almacenamiento energético eran fallas previamente reportadas y documentadas en las travesías de mediados de ese año, por lo que la orden de patrullaje aumentó de forma desmedida el peligro de colapso de la unidad. Cada escalón de la cadena de mando evaluada —desde la supervisión técnica y las jefaturas de comunicaciones hasta la comandancia operativa del arma— omitió los reportes del fabricante y priorizó metas institucionales por encima de las normativas obligatorias de seguridad de los tripulantes.

El juicio, que mantiene en vilo a las autoridades de defensa y a los familiares de las víctimas, culminó una extensa jornada de argumentaciones donde se repasó el historial de reparaciones y las alertas ignoradas por los procesados antes de que la nave zarpara de los puertos australes. Los fiscales concluyeron que el Estado Nacional se encuentra ante una oportunidad de fijar límites a la discrecionalidad en la gestión de los recursos estratégicos de defensa, sancionando las conductas de negligencia agravada que permitieron la implosión del navío. Las audiencias proseguirán con las réplicas de los defensores, quienes intentarán rebatir las imputaciones de estrago y los pedidos de reclusión en establecimientos carcelarios planteados por los acusadores estatales.