Un grupo encabezado por Martín Romeo pidió anular el dictamen del fiscal Taiano y reabrir la investigación. Sostienen que 74 billeteras compraron el token segundos antes del posteo presidencial. Es la segunda apelación contra el fallo que sobreseyó a Javier y Karina Milei.
Un nuevo grupo de inversores afectados apeló el sobreseimiento de Javier Milei y de su hermana Karina en la causa $Libra, la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda que el Presidente promocionó en febrero de 2025.
El recurso lo impulsa Martín Romeo, que fue querellante en el caso, junto a otros dos inversores, con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust. Piden que se declare la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano, en el que se basó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para cerrar la causa, y que la investigación continúe.
Es la segunda apelación contra el fallo. La primera la presentó el lunes el inversor Juan Patricio Marchetto, representado por el diputado Juan Grabois.
La semana pasada, Martínez de Giorgi sobreseyó a los 12 imputados, entre ellos los hermanos Milei, el empresario Mauricio Novelli y el creador del token, Hayden Davis, por inexistencia de delito. Ninguno había sido llamado a indagatoria.
Para el juez, no hubo una “maniobra engañosa concreta” y la pérdida de los inversores respondió a un mercado de alta volatilidad. También consideró que el posteo de Milei se hizo desde una cuenta personal y sin recursos públicos, y que no se acreditó el tráfico de influencias atribuido a Karina Milei.
Los inversores rechazan la idea de un “riesgo de mercado asumido”. Según su escrito, “74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos USD 13,5 millones, 22 segundos antes de que el Presidente publicara el contrato”, que hasta ese momento no era público.
Sostienen que, después, las billeteras ligadas al equipo de $Libra vendieron los tokens y que la liquidez se concentró en una billetera que reunió más de 44,5 millones de dólares. Para ellos hubo una “rampa de salida preparada de antemano” y “coordinación con el Presidente”. Como prueba, citan llamados entre Milei y Novelli en los minutos anteriores y posteriores al posteo en X.
“Nadie asume el riesgo de que el contrato haya sido entregado de antemano a 74 billeteras”, plantearon. “El engaño no fue una frase aislada: fue la puesta en escena completa, con la investidura presidencial como garantía”.
Sobre Karina Milei, sostienen que el presunto acuerdo con Novelli por US$1.550.000 para que el Presidente se involucrara “existió y se cumplió, con o sin firmas”.
El escrito apunta contra Taiano. Los inversores cuestionan que el fiscal haya usado como prueba un informe de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza la propia Karina Milei. “Tomar esa respuesta como prueba de descargo equivale a sostener que alguien es inocente porque él mismo dice serlo”, afirmaron.
Lo acusaron de haber “actuado como abogado defensor”: “Seleccionó la prueba de antemano, dejó de producir la que podía comprometer a los imputados e interpretó sistemáticamente a favor de éstos la que sí se produjo”.
Primero, el juzgado debe decidir si concede las apelaciones y las envía a la Sala I de la Cámara Federal porteña. Los camaristas deberán resolver antes si los inversores pueden apelar, ya que fueron apartados como querellantes. Sobre ese punto hay un planteo pendiente en la Cámara Federal de Casación Penal.
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