El presidente Javier Milei oficializó este jueves en el Boletín Oficial la designación de 47 magistrados federales para cubrir vacantes en todo el país, pero excluyó de la nómina a cuatro postulantes aprobados por el Senado tras cuestionamientos políticos.
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este jueves una masiva tanda de designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales mediante su publicación en el Boletín Oficial. Las medidas buscan mitigar el déficit institucional de la Justicia Federal, un sector donde casi una de cada tres vocalías se encuentra vacante o cubierta de forma provisoria por magistrados subrogantes.
La resolución administrativa otorgó el nombramiento a los candidatos que ya contaban con el aval de la Cámara Alta, concentrando la mayor parte de los refuerzos en los fueros civil, criminal y correccional de la Capital Federal, además de diversas jurisdicciones del interior del país.
Sin embargo, el decreto presidencial marginó de la lista definitiva a cuatro postulantes cuyos pliegos también habían sido aprobados por el pleno del Senado a comienzos de este mes.
Entre las exclusiones se destaca el caso de María Verónica Michelli, propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 3 de La Plata. La decisión generó repercusiones en el ámbito legislativo y judicial debido a que su nombramiento fue retenido en la Casa Rosada, tras cuestionamientos políticos iniciales orientados a sus vínculos de parentesco familiares.
Ante las consultas sobre la selectividad en las firmas de los decretos, desde el Ministerio de Justicia argumentaron que la postergación de estos cuatro expedientes responde estrictamente a razones operativas y de infraestructura.
Fuentes de la cartera judicial afirmaron que los nombramientos suspendidos corresponden a tribunales que actualmente no se encuentran habilitados para funcionar.
Según la explicación oficial, dependencias como el Tribunal Oral Federal Número 3 de La Plata o el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham requieren de un proceso previo por parte del Consejo de la Magistratura para el alquiler de inmuebles, acondicionamiento tecnológico y provisión de mobiliario.
Paralelamente, desde el entorno oficial subrayaron que la postergación de decretos por falta de habilitación es una práctica con antecedentes en la administración pública.
Para sustentar esta posición, señalaron los casos de otros funcionarios judiciales cuyos acuerdos senatoriales fueron aprobados en octubre de 2020 y cuyas designaciones efectivas continúan pendientes de firma hasta la constitución material de los juzgados correspondientes.
La decisión de congelar el pliego de Michelli interrumpió un proceso de promoción para una funcionaria que se desempeña en la justicia federal desde octubre de 1994. Con 32 años de carrera judicial en su foja de servicios, ejerce como secretaria del Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata desde 2009. Su postulación para una magistratura de cámara ya había sido considerada inicialmente durante el año 2018.
Desde una perspectiva técnico-legal, especialistas del sector señalan que no existe en la normativa vigente ninguna cláusula que impida la designación formal de un magistrado antes de la inauguración edilicia de su tribunal.
No obstante, las autoridades ministeriales recalcaron que el aval del Senado constituye una habilitación constitucional para el Presidente de la Nación, pero no representa una obligación jurídica de cumplimiento inmediato, por lo que la firma de los decretos restantes se concretará cuando el Ejecutivo considere oportuno garantizar el servicio de justicia en dichas sedes.
En forma simultánea a la publicación de los nombramientos en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo remitió al Senado un nuevo paquete con 21 propuestas de jueces, fiscales y defensores para cubrir dependencias federales en distintos puntos del país.
Con este movimiento, el Ministerio de Justicia acumula un total de 170 pliegos enviados a la Cámara Alta en los últimos cuatro meses de gestión. La nueva ofensiva oficial busca acelerar la cobertura de vacantes en las provincias antes de que se altere la actual relación de fuerzas políticas en el cuerpo legislativo, donde el oficialismo opera en minoría y requiere de consensos con los bloques de la oposición.
La efectivización de los magistrados recientemente designados quedará supeditada al acto formal de juramento ante las respectivas cámaras de sus tribunales de origen.
Por su parte, los 21 nuevos candidatos propuestos por la Casa Rosada deberán iniciar el recorrido reglamentario, que incluye las audiencias públicas en la comisión de Acuerdos y la posterior votación en el recinto.
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El presidente Javier Milei oficializó este jueves en el Boletín Oficial la designación de 47 magistrados federales para cubrir vacantes en todo el país, pero excluyó de la nómina a cuatro postulantes aprobados por el Senado tras cuestionamientos políticos.
