El fiscal federal Gerardo Pollicita detectó 20 inconsistencias financieras y le otorgó un plazo de 15 días al ex jefe de Gabinete para explicar el origen de sus bienes y los de su esposa.
El fiscal federal Gerardo Pollicita detectó 20 inconsistencias financieras y le otorgó un plazo de 15 días al ex jefe de Gabinete para explicar el origen de sus bienes y los de su esposa.

Un duro revés judicial complica la situación patrimonial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un exhaustivo requerimiento de 207 fojas en el que intimó formalmente al exfuncionario y a su esposa, Bettina Angeletti, a que brinden explicaciones sobre una veintena de inconsistencias detectadas en sus declaraciones de bienes. La medida fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo, quien encabeza la causa penal donde se investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La resolución judicial fija un plazo perentorio de 15 días hábiles para que Adorni argumente la procedencia del incremento en su activo personal y familiar. Según la fiscalía, tras una minuciosa reconstrucción de sus finanzas, existen desembolsos e incrementos patrimoniales que no encuentran justificación suficiente en función de los ingresos lícitos que el exfuncionario percibió durante su paso por la función pública.
El dictamen elaborado por Pollicita incluye un cuestionario detallado con más de 20 preguntas concretas sobre la evolución de los activos del grupo familiar. La investigación puso la lupa sobre las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, donde se detectaron severas dudas en las rectificaciones correspondientes a los ejercicios de los años 2023 y 2024.
Entre los elementos más llamativos identificados por la Justicia figura una inversión declarada de 200 mil dólares en Bitcoin, respecto de la cual se exige probar el origen del capital utilizado para la adquisición de criptomonedas. Asimismo, el dictamen requiere precisar la procedencia del dinero para gastos en efectivo realizados en el exterior y para costear reformas de gran envergadura en una propiedad. El análisis confronta depósitos en billeteras virtuales, saldos bancarios y deudas frente al nivel de vida del exjefe de ministros.
El requerimiento fiscal encuentra su sustento técnico en un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). Dicho organismo realizó una auditoría integral sobre la evolución económica de la pareja desde diciembre de 2023, concluyendo que los números declarados muestran un claro desbalance frente al consumo real registrado.
El expediente penal tuvo su origen a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, a la que posteriormente se adhirieron otros legisladores. La presentación inicial advirtió sobre erogaciones que resultaban desproporcionadas respecto de los haberes oficiales de Adorni. En forma paralela, la Justicia tramita otra causa vinculada al uso de un vuelo privado a Punta del Este realizado por la familia del exfuncionario, donde se investiga quién financió el traslado y si existieron dádivas o conflictos de interés.
Pese a haber presentado su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, las autoridades judiciales aclararon que la dimisión no exime a Adorni de responder las demandas del fuero federal. Una vez vencido el plazo otorgado, el juez Ariel Lijo evaluará las respuestas técnicas para definir si existen méritos suficientes para citar al exfuncionario a declaración indagatoria en los próximos meses.
Una presentación judicial ante el Fuero Federal de General Roca alerta sobre una maniobra de subvaluación de activos estatales para transferir el Complejo Comahue a grupos económicos vinculados al poder. Cuestionan al Ministerio de Economía y afirman que las adjudicaciones podrían ser declaradas nulas.
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El fiscal federal Gerardo Pollicita detectó 20 inconsistencias financieras y le otorgó un plazo de 15 días al ex jefe de Gabinete para explicar el origen de sus bienes y los de su esposa.