Un estudio de CIPPEC reveló que la capital tiene miles de inmuebles sin uso por trabas legales y altos costos de refacción. El fenómeno agrava la crisis de alquileres, donde el acceso a la vivienda para los inquilinos cayó drásticamente.
Un estudio de CIPPEC reveló que la capital tiene miles de inmuebles sin uso por trabas legales y altos costos de refacción. El fenómeno agrava la crisis de alquileres, donde el acceso a la vivienda para los inquilinos cayó drásticamente.
El acceso al mercado inmobiliario en las principales urbes del país enfrenta una severa paradoja estructural. Un informe privado reveló que miles de unidades habitacionales permanecen deshabitadas desde hace más de un año, contrayendo fuertemente la oferta de alquileres disponibles en las plataformas.
Datos de la vacancia habitacional por región:
Buenos Aires: Entre 70.000 y 100.000 unidades sin uso (6,5% del total).
Rosario: Registra 32.000 viviendas vacías, la tasa más alta con 8,6%.
Córdoba: Alcanza las 20.000 unidades residenciales desocupadas (4%).
La investigación técnica realizada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) definió este fenómeno bajo parámetros estrictos. Para el análisis, se consideraron viviendas estructuralmente vacías a aquellas con consumos eléctricos mínimos e inferiores a 50 kilowatts mensuales de forma sostenida.
Esta preocupante parálisis de inmuebles coincide con un notable cambio en el perfil habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante las últimas dos décadas, el porcentaje de inquilinos porteños escaló del 22% al 36%, duplicando ampliamente la media histórica registrada a nivel nacional por los censos de población.
Los especialistas señalan que la falta de oferta no responde únicamente a fines especulativos de reserva de valor financiero. La existencia de sucesiones familiares no resueltas y quiebras comerciales actúan como los principales frenos legales para el ingreso de estas valiosas propiedades al circuito comercial diario.
A estas complejas trabas jurídicas se suman los elevados presupuestos necesarios para la puesta en valor de los inmuebles antiguos. Los altos costos de refacción constructiva desincentivan a los propietarios, quienes prefieren mantener las persianas bajas antes que afrontar los riesgos de la inestabilidad del sector locativo.
El mapa de la vacancia en territorio porteño muestra una fuerte concentración geográfica en zonas específicas de la capital. Los registros eléctricos evidencian que el microcentro y el macrocentro concentran los mayores niveles de desocupación, acentuados tras la masiva reconversión de oficinas comerciales que dejó la pandemia.
El fuerte desajuste entre la oferta y la demanda genera consecuencias directas sobre la economía familiar de los ciudadanos argentinos. Actualmente, el costo combinado de alquileres y expensas supera el 50% de los ingresos netos de la mayoría de los asalariados que intentan renovar sus contratos de vivienda.
La vulnerabilidad financiera golpea con especial dureza a las generaciones más jóvenes que intentan independizarse en el mercado inmobiliario. Los datos estadísticos reflejan que el 80% de los inquilinos menores de 35 años debe rescindir sus contratos de locación antes de los tres años debido a dificultades económicas insalvables.
Si se amplía el criterio de medición a viviendas desocupadas de forma transitoria, la cifra total en Buenos Aires trepa hasta las 200.000 unidades. Esta distinción técnica resulta indispensable para que el Estado pueda diseñar políticas públicas eficientes y dirigidas a solucionar la crisis habitacional de fondo.
Distintas capitales globales ensayan diversas metodologías gubernamentales para desincentivar la inactividad de los inmuebles residenciales. Ciudades europeas aplican impuestos extraordinarios coercitivos a la vivienda vacía, aunque los expertos advierten que la fragmentación del mercado de alquileres local dificulta fuertemente su implementación efectiva en la Argentina.
Frente a los límites impositivos, cobran fuerza las propuestas orientadas a brindar asistencia jurídica integral y créditos de fomento. Se debate la posibilidad de implementar programas de refacción financiados y digitalización de trámites sucesorios para agilizar la reincorporación de los departamentos al mercado inmobiliario formal de alquileres.
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