Un dictamen del juez federal Ariel Lijo clausuró la etapa de instrucción y envió a juicio a 33 acusados, entre ellos la viuda del exsecretario, Carolina Pochetti, y el contador Víctor Manzanares, por operaciones estimadas en 70 millones de dólares.
Un dictamen del juez federal Ariel Lijo clausuró la etapa de instrucción y envió a juicio a 33 acusados, entre ellos la viuda del exsecretario, Carolina Pochetti, y el contador Víctor Manzanares, por operaciones estimadas en 70 millones de dólares.
El entramado judicial derivado de la denominada causa de los Cuadernos de las Coimas sumó un capítulo decisivo en los tribunales federales. A través de una resolución firmada recientemente, el juez federal Ariel Lijo dio por cerrada la investigación penal preparatoria y elevó a juicio oral la causa que bajo la hipótesis fiscal de Carlos Stornelli analiza las operaciones de lavado de dinero (blanqueo de activos) presuntamente desplegadas por el entorno de Héctor Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado del expresidente Néstor Kirchner.
La resolución judicial alcanza a un total de 33 personas, señaladas en diversos grados de participación dentro de una compleja red financiera dedicada a reintroducir en el mercado legal fondos provenientes de la recaudación ilegal de la obra pública, la energía y el transporte entre 2003 y 2015.
Entre los principales procesados que afrontarán el debate oral figuran la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti; el ex contador de la familia presidencial, Víctor Manzanares; y diversos colaboradores comerciales y familiares directos del exsecretario.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el dinero recolectado en el circuito de sobornos se canalizaba hacia estructuras societarias para ocultar su origen real. La acusación determinó que la red utilizó dieceiséis sociedades comerciales radicadas en el exterior, principalmente en los Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas, mediante las cuales se adquirieron 16 propiedades de alto valor inmobiliario.
Dentro de estas operaciones internacionales, se identificaron 14 adquisiciones en Miami por un valor global cercano a los 55 millones de dólares. Asimismo, bajo la gestión societaria de Sergio Esteban Todisco, la organización adquirió dos unidades en el Hotel Plaza de Manhattan, en Nueva York, por montos de 1.850.000 y 13.050.000 dólares respectivamente.
Paralelamente, el despliegue de inversiones tuvo un fuerte anclaje en el territorio nacional. Los registros judiciales consignan un listado de 113 inmuebles distribuidos en localidades como Río Gallegos, El Calafate, Mar del Plata, Ushuaia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de una flota automotriz integrada por vehículos de alta gama y maquinaria pesada para la construcción.
La reconstrucción de la ingeniería financiera local se sustentó de manera sustancial en la declaración de Víctor Manzanares bajo la figura de imputado colaborador (arrepentido).
El ex contador detalló ante la justicia que el propio Muñoz le encomendó desde 2009 el desarrollo de estructuras comerciales orientadas a movilizar el dinero en efectivo que llegaba a la provincia de Santa Cruz.
A partir de estas confesiones, los investigadores acreditaron la compra de la firma Llomar SRL —que integraba tres farmacias— por un valor que inicialmente se pactó en 3.700.000 euros, así como la adquisición de terrenos en El Calafate y participaciones en empresas médicas como San Up S.A. por valores que exhibieron inconsistencias entre las declaraciones fiscales y los montos transaccionados en la realidad.
Cabe destacar que la defensa de los imputados tendrá la oportunidad de cuestionar la validez de estos testimonios y la consistencia de las pericias contables durante las audiencias del juicio oral, donde se dirimirá de forma definitiva la responsabilidad de cada uno de los involucrados en las maniobras comerciales.
Este desprendimiento judicial avanza hacia la etapa de juzgamiento en forma simultánea al tramo principal de la causa madre, el cual mantiene bajo análisis el rol de exfuncionarios del Poder Ejecutivo y de un conjunto de empresarios de la construcción.
Ante este escenario, subsiste el interrogante sobre la capacidad del sistema penal para recuperar de manera efectiva los activos en el exterior y si los testimonios de los imputados colaboradores mantendrán su consistencia legal ante un tribunal de juicio.
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