El juez federal Sebastián Ramos imputó al dirigente social por violación de domicilio y resistencia a la autoridad. Se trata del primer avance penal concreto en su contra por este tipo de protestas.
El juez federal Sebastián Ramos imputó al dirigente social por violación de domicilio y resistencia a la autoridad. Se trata del primer avance penal concreto en su contra por este tipo de protestas.
El procesamiento judicial del dirigente social y diputado nacional Juan Grabois por la toma del Instituto Perón introduce un nuevo elemento en el escenario político y judicial argentino, al tratarse del primer avance penal concreto en su contra vinculado a este tipo de acciones de protesta.
La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Ramos, quien lo imputó formalmente por los delitos de “violación de domicilio y resistencia a la autoridad”, en relación con los hechos delictivos ocurridos el 7 de junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes ocupó el edificio dependiente del Estado nacional.
De acuerdo con la reconstrucción judicial basada en testimonios, material audiovisual y documentación recolectada durante la investigación, el magistrado consideró probado que Grabois ingresó sin autorización al inmueble, que en ese momento se encontraba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El fallo sostiene que el dirigente permaneció en el interior del edificio durante aproximadamente dos horas e incitó a continuar con la ocupación.
En cuanto a la responsabilidad del diputado, el juez Ramos interpretó que su conducta excedió el ejercicio de un rol meramente observacional o legal y se configuró como una “participación activa en la ocupación del inmueble”. Como consecuencia de esta valoración, el magistrado dispuso, además del procesamiento, un embargo de de cinco millones de pesos para garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso.
El episodio en cuestión tuvo lugar en un clima político particularmente tenso, marcado por protestas de sectores afines al kirchnerismo en los días previos a la confirmación de la condena en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ocupación de este espacio simbólico derivó en situaciones de violencia que motivaron la intervención de las fuerzas de seguridad.
El fallo judicial también incluyó el procesamiento de Valentín Peralta por agredir físicamente a efectivos policiales durante el intento de desalojo. Las constancias médicas del Hospital Churruca registraron lesiones en varios agentes, tales como traumatismos craneales y contusiones múltiples, elementos clave para sostener la gravedad del episodio en términos penales.
Desde la perspectiva de la defensa, la interpretación de los hechos es sustancialmente diferente. Los abogados de Grabois rechazan la figura de la usurpación o la instigación, argumentando que el dirigente se encontraba en el lugar “en su rol profesional de abogado”, vinculado a una cooperativa que administraba un espacio contiguo al instituto. No obstante, el avance del procesamiento indica que el juzgado consideró que los elementos de prueba reunidos son suficientes para sostener la imputación.
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