Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita por la causa de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Confirmó que le prestó su tarjeta de crédito para compras millonarias en efectivo y reveló un vínculo de 16 años.
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un testimonio clave en los tribunales de Comodoro Py. La directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, Laura Daniela Schiuma, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y ratificó las sospechas sobre el uso de terceras personas para gestionar consumos suntuarios.
Los gastos ocultos bajo la lupa judicial:
Monitor de lujo: Una compra por un total de $2.185.000 ejecutada con el plástico personal de Schiuma.
Devolución hormiga: El exfuncionario nacional reintegró el dinero de la operación totalmente en efectivo.
Otros empleados: Se detectaron desembolsos paralelos en proyectores y blanquería por más de $11.000.000.
Schiuma reconoció ante las autoridades judiciales que le prestó su tarjeta de crédito Mastercard al exvocero presidencial durante el mes de agosto de 2025. Mediante este mecanismo, el exministro coordinador adquirió un monitor gamer de alta gama por un valor total de $2.185.000, una cifra llamativa considerando que el sueldo en blanco del implicado no superaba los $3.500.000 de forma neta.
La testigo precisó que se enteró del destino final del gasto una vez que revisó el resumen mensual provisto por la entidad bancaria. Según consta en el expediente de la fiscalía, Adorni le reintegró la totalidad del importe personalmente en billetes en efectivo, sin emitir ningún tipo de transferencia digital o comprobante contable que justificara el origen legítimo de los fondos.
Durante la audiencia testimonial, la funcionaria detalló que mantiene una relación de extrema confianza con el dirigente político desde hace 16 años. Ambos comenzaron su carrera laboral en una concesionaria de autos oficiales, comercializando planes de ahorro previos a su desembarco definitivo en las oficinas de la Casa Rosada como personal de la planta estatal.
Los investigadores de los tribunales federales de Retiro sospechan que este comportamiento formaba parte de un mecanismo económico e institucional generalizado. El fiscal a cargo de la instrucción penal ya identificó compras cruzadas a nombre de otros empleados de menor jerarquía de la Vocería, detectando facturaciones de proveedores tecnológicos que terminaban en los inmuebles personales del exvocero libertario.
Entre los episodios específicos bajo el análisis de la fiscalía se destaca la actuación del coordinador de Información de Gobierno, Luis Enrique Aluju. El empleado jerárquico cedió sus plásticos bancarios para la adquisición de dos proyectores profesionales de alta gama por un valor de $1.831.795 cada uno, transacciones electrónicas que se ejecutaron de forma casi simultánea al caso investigado de Schiuma.
La red de prestanombres institucionales incluiría también a la secretaria de la dependencia oficial, Gisela Kocsis, según las auditorías contables del expediente. La administrativa facturó a su nombre una compra de $8.183.303 en una exclusiva tienda de blanquería, mercadería de lujo que los remitos de entrega confirman que fue enviada directamente al country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.
El fiscal Pollicita intenta determinar además los motivos de varios intentos de compras rechazados por las entidades financieras en la cuenta de Schiuma. La funcionaria desconoció haber intentado adquirir un televisor inteligente de grandes dimensiones, lo que abona la hipótesis criminal de que el exjefe de ministros intentó agotar al máximo los límites crediticios disponibles de sus subordinados.
Por último, la testigo aclaró que no conserva registros informáticos o mensajes de WhatsApp que sirvan como evidencia material para la causa penal en curso. Schiuma afirmó ante el juez que elimina habitualmente sus conversaciones de mensajería digital y que no utiliza sistemas de copias de seguridad en sus dispositivos móviles, limitando el peritaje tecnológico directo de las comunicaciones privadas.
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