Tras una votación de seis contra tres, los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos anularon este martes la orden ejecutiva de Donald Trump, ratificando la vigencia constitucional de la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados o temporales.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes por seis votos contra tres la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía automática para niños nacidos en suelo estadounidense cuyos padres carecen de residencia legal o estatus permanente.
La decisión judicial anuló el decreto que el mandatario firmó el 20 de enero de 2025, durante el primer día de su segundo mandato. La resolución ratificó la vigencia de la Decimocuarta Enmienda constitucional, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, la cual consagra que toda persona nacida o naturalizada en el país y sujeta a su jurisdicción posee la nacionalidad estadounidense.
El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria de un fallo que constó de 194 páginas. En el texto, Roberts argumentó que los redactores de la enmienda extendieron la promesa constitucional a toda persona nacida libre en el territorio y afirmó que las limitaciones de domicilio pretendidas por el Poder Ejecutivo no guardan relación con el texto constitucional.
A la postura del presidente del tribunal se unieron las magistradas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, junto a los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. Este último coincidió con el resultado general de la sentencia a través de un razonamiento jurídico diferenciado.
La minoría del tribunal, integrada por los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, formuló opiniones disidentes. Alito expuso que la interpretación judicial sostiene un estímulo para la permanencia ilegal en el país, mientras que Thomas manifestó que la resolución resta valor a la dignidad de la ciudadanía estadounidense.
El litigio llegó al alto tribunal bajo la carátula Trump contra Barbara, derivado de una demanda colectiva que unificó los casos de tres familias de origen hondureño, taiwanés y brasileño. Los demandantes señalaron que la disposición presidencial privaba a sus hijos de derechos civiles básicos.
Para acentuar la relevancia del proceso, el primer mandatario asistió en persona a las audiencias orales celebradas en el mes de abril, un hecho sin precedentes para un presidente en funciones.
La representación legal del gobierno, ejercida por el procurador general John Sauer, sostuvo que la norma del siglo XIX buscaba proteger exclusivamente a la población anteriormente esclavizada y no a los descendientes de ciudadanos extranjeros con visados temporales o sin estatus legal.
Paralelamente, el dictamen representó el tercer revés judicial de importancia para la administración en el presente periodo de sesiones, tras la anulación de la mayoría de sus aranceles comerciales y el freno al cese de una gobernadora de la Reserva Federal.
El veredicto finalizó el curso judicial de la corte antes del receso estival. En el ámbito parlamentario, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó la resolución como decepcionante y sugirió la posibilidad de proponer una reforma constitucional para modificar las reglas de acceso a la nacionalidad.
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