El Gobierno otorgó a privados 1.871 kilómetros de rutas

Mediante la Red Federal de Concesiones, empresas privadas asumirán mañana el control de los corredores Pampa y Sur-Atlántico por 20 años. El nuevo esquema elimina subsidios estatales y fija tarifas de peaje base desde 997 pesos.

Más de mil ochocientos kilómetros de rutas pasan a gestión privada. Foto: Web.

El Gobierno nacional formalizó la transferencia al sector privado de dos tramos viales estratégicos que permanecían bajo la administración del Estado. A partir de este miércoles 1 de julio, las empresas adjudicatarias de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones tomarán el control operativo, de explotación y de mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas y autopistas ubicadas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La medida oficializa el desplazamiento de la firma estatal Corredores Viales S.A., cuyos corredores pasarán a ser administrados bajo un esquema de financiamiento privado exclusivo, libre de subsidios estatales.

La reestructuración de la red vial quedó ratificada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó la rúbrica de los contratos de adjudicación vigentes por las próximas dos décadas.

De acuerdo con las resoluciones de Vialidad Nacional, el Tramo Pampa —que abarca 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta el empalme con la Ruta Nacional 35— quedará a cargo de la empresa Corredor Vial 5 S.A.U., constituida por Construcciones Electromecánicas del Oeste SA. Este consorcio estableció una propuesta de tarifa de peaje de 2.355,37 pesos sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Paralelamente, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur será operado por la firma Rutas Sur Atlántico S.A., integrada por el consorcio de las compañías Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA.

Este sector comprende 1.325,17 kilómetros que integran las rutas nacionales 3, 205 y 226, junto con las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas. Para este corredor, la tarifa ofertada se fijó en 997 pesos sin IVA. La supervisión de las obras acordadas y del estado de transitabilidad continuará bajo la órbita de Vialidad Nacional.

El contexto de las reformas económicas

Esta privatización de los servicios de infraestructura vial coincide con la difusión de una serie de indicadores económicos que la administración central utiliza para respaldar su programa de reformas.

Entre estos aspectos, el Ministerio de Economía confirmó la aprobación del vigésimo proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), denominado Rincón de Aranda.

Dicho desarrollo hidrocarburífero de la empresa Pampa Energía en Vaca Muerta prevé una inversión de 4.500 millones de dólares para la explotación de crudo durante los próximos 30 años.

Asimismo, los registros oficiales del período comprendido entre enero y mayo expusieron un incremento en las ventas externas del sector agropecuario y ganadero.

Las exportaciones de carne vacuna sumaron 1.765 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, lo que representó un alza en valor del 46% interanual, con China como el comprador del 53,7% del volumen total.

En el mismo lapso, los despachos agroindustriales generales alcanzaron los 53 millones de toneladas, equivalentes a 22.383 millones de dólares, motorizados por complejos como el trigo, el maíz y el girasol.

Por otra parte, la extracción de crudo reportó un nuevo máximo histórico en mayo, al promediar 903.700 barriles diarios, impulsada por la actividad no convencional de Vaca Muerta, que aportó el 69% del volumen total obtenido.

Con estos resultados sectoriales, las autoridades nacionales justifican la desincorporación de activos públicos y la apertura a consorcios privados para el desarrollo de obras de gran envergadura.

La transferencia contractual plantea interrogantes técnicos respecto a la capacidad de las nuevas concesionarias para asegurar la ejecución de las obras estructurales a largo plazo en un entorno económico variable.

La sostenibilidad del modelo sin asistencia fiscal dependerá directamente del flujo vehicular y del mecanismo de actualización tarifaria frente a los costos operativos.

Queda por determinar si este esquema de concesión directa logrará revertir el deterioro de las calzadas logísticas bonaerenses y pampeanas sin sobrecargar los costos de transporte de cargas y el turismo regional.

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