Se conocieron registros de WhatsApp donde el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, le ofrecía “soporte” al constructor Matías Tabar antes de declarar ante la Justicia. El testigo reveló pagos millonarios en negro por refacciones en un country.
Se conocieron registros de WhatsApp donde el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, le ofrecía “soporte” al constructor Matías Tabar antes de declarar ante la Justicia. El testigo reveló pagos millonarios en negro por refacciones en un country.
La Justicia penal federal investiga una serie de audios filtrados pertenecientes al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, enviados semanas antes de presentar su renuncia formal. En las grabaciones telefónicas obtenidas, el exvocero presidencial le ofrecía asistencia directa y “soporte” institucional a su contratista, Matías Tabar, previo a su declaración testimonial en los tribunales de Comodoro Py.
Las revelaciones más explosivas de los audios de Manuel Adorni:
Pacto de silencio: Ofreció “todo el soporte que necesites” para asegurar la tranquilidad de ambas partes antes del 4 de mayo.
Estrategia oculta: Utilizó audios de reproducción única (“bombita”) indicando que lo llamarían desde líneas no registradas.
Obras millonarias: El contratista de la obra confirmó el pago de 245.000 dólares en efectivo para remodelar la propiedad de lujo.
El primer documento de voz, difundido de forma completa por medios radiales, expone al exministro coordinador intentando pactar una reunión reservada en el barrio cerrado Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. En ese mensaje de WhatsApp, Adorni intentaba calmar al constructor asegurándole que contaba con toda la estructura oficial de ayuda para sortear las preguntas de la fiscalía.
Asimismo, la filtración de un segundo archivo digital autodesatado reveló una maniobra para borrar rastros informáticos de las comunicaciones entre los involucrados. El exfuncionario instruyó específicamente a su contratista para que confiara en su estrategia de evasión corporativa, explicándole detalladamente que los asesores legales del Gobierno se comunicarían mediante canales telefónicos paralelos.
Curiosamente, el extenso audio de un minuto y medio expuso también complicaciones cotidianas del funcionario con las instalaciones térmicas de la quinta. El dirigente político combinó los consejos de cobertura judicial con reclamaciones técnicas por fallas eléctricas en el tablero de luz exterior, demostrando una desesperación simultánea por el avance de las causas en su contra.
Pese a las insistencias del entorno del exvocero libertario, el constructor Matías Tabar rechazó los ofrecimientos de asesoría externa tras consultar de forma privada con sus propios asesores legales. El testigo consideró que pactar una versión compartida complicaría severamente su situación ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, optando por entregar su propio teléfono celular a los peritos judiciales.
Durante su declaración oficial, el arquitecto ratificó que Adorni desembolsó 245.000 dólares billete en efectivo para costear una remodelación estructural que se extendió por nueve meses. La obra incluyó costosas refacciones de confort arquitectónico, entre las que se destacó una polémica cascada artificial para la pileta exterior del predio, elemento que desató fuertes críticas públicas.
A través de mensajes de texto recuperados por los peritos tecnológicos, Tabar le advirtió formalmente a su cliente sobre el riesgo de ser detectados elaborando una estrategia común. El constructor manifestó su cansancio de mente frente a las presiones institucionales, prefiriendo mantener una estricta colaboración independiente con los investigadores de la causa penal para resguardar su propia integridad.
El expediente judicializado que aceleró la salida del dirigente político se encuentra bajo la instrucción compartida del juez federal Ariel Lijo. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados por Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, debido a que los consumos y compras de viviendas superan los ingresos declarados en blanco.
El peritaje patrimonial de la Procuración puso la lupa sobre la llamativa omisión del inmueble rural en la declaración jurada de 2024. El exjefe de ministros intentó inicialmente inscribir el total de la titularidad de la finca a nombre de su esposa, ejecutando una rectificación de urgencia del 50% de las acciones solo cuando se supo formalmente investigado.
La operación inmobiliaria original se asentó bajo una escritura de 120.000 dólares, de los cuales 100.000 correspondían a una hipoteca privada otorgada por una jubilada de la Policía Federal identificada como Graciela Molina. El flujo de dinero en efectivo y las deudas pendientes en moneda extranjera de la propiedad consolidan una de las hipótesis criminales más complejas que enfrenta el exvocero.
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