Jueces de la Cámara de Apelaciones de Rafaela ordenaron reanudar este jueves la licitación de SanCor. El fallo rechazó las impugnaciones, confirmó la venta de plantas y marcas por USD 52 millones y autorizó el pago en pesos.
Jueces de la Cámara de Apelaciones de Rafaela ordenaron reanudar este jueves la licitación de SanCor. El fallo rechazó las impugnaciones, confirmó la venta de plantas y marcas por USD 52 millones y autorizó el pago en pesos.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela ordenó reanudar el proceso de licitación para la venta de las seis plantas industriales y el paquete de marcas de la quebrada cooperativa SanCor.
El tribunal, integrado por los jueces Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail, rechazó los planteos de nulidad que mantenían suspendido el trámite desde el 3 de julio de 2026.
A través de un fallo de 70 páginas, los magistrados determinaron que no es necesario reiniciar el procedimiento, aunque introdujeron modificaciones clave en los pliegos de condiciones.
El tribunal mantuvo la valuación base global en USD 52,1 millones —distribuidos en USD 27,4 millones por las unidades productivas y USD 24,7 millones por el portafolio marcario—, pero autorizó a los oferentes a abonar las propuestas en pesos argentinos, calculados al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior.
Asimismo, la resolución dispuso que el juez de primera instancia, Marcelo Gelcich, incorpore una grilla objetiva de puntuación previa a la apertura de sobres. Este mecanismo ponderará el precio ofrecido, la continuidad laboral de los 914 empleados remanentes, la solidez del plan de negocios y los antecedentes de las firmas interesadas.
Paralelamente, la resolución estableció la obligación de comparar el resultado económico de las ofertas integrales con la sumatoria de las propuestas por lotes individuales, con el objetivo de seleccionar la opción que maximice el dinero destinado a cancelar pasivos con más de 1.500 acreedores. La deuda total de la empresa supera los USD 120 millones.
Respecto a la planta industrial de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida —activos vinculados a fideicomisos en garantía cuya titularidad se disputa en otros tribunales—, la Cámara dispuso un esquema de resguardo.
El adjudicatario tomará posesión y podrá operar comercialmente dichos bienes desde el primer día, pero la transferencia definitiva de la propiedad quedará supeditada a una sentencia firme que confirme la pertenencia de los activos al patrimonio de SanCor. El dinero correspondiente a ese tramo del precio permanecerá depositado en una cuenta judicial a plazo fijo.
A su vez, el tribunal ordenó ampliar la tasación oficial del ingeniero Pablo Bacchetta para ajustar el valor de mercado de las instalaciones y precisar el impacto del incendio ocurrido el 7 de junio de 2026 en la planta de Sunchales, cuya base previa ya registraba un descuento de USD 3 millones a USD 2,4 millones.
El expediente retornó al juzgado de origen para fijar el nuevo cronograma. Las diez empresas que habían adquirido el pliego —entre las que figuran Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor, La Tarantela y Fidulac S.A.— conservarán su condición de participantes sin realizar pagos adicionales.
La resolución judicial se produjo tras constantes reclamos de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), gremio que advirtió sobre el deterioro del patrimonio y la postergación de los créditos laborales.
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