El Gobierno porteño pidió trasladar la movilización del 7 al 21 de noviembre por razones operativas. La Comisión Organizadora rechazó la propuesta y sostuvo que ambos eventos pueden realizarse.
El Gobierno porteño pidió trasladar la movilización del 7 al 21 de noviembre por razones operativas. La Comisión Organizadora rechazó la propuesta y sostuvo que ambos eventos pueden realizarse.
La próxima Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires quedó en el centro de una disputa entre el Gobierno porteño y las organizaciones convocantes, a pocas semanas de la visita del papa León XIV a la Argentina.
La movilización fue programada para el sábado 7 de noviembre. Un día después, el domingo 8, está prevista la llegada del pontífice a Buenos Aires, donde comenzará una agenda oficial que se extenderá hasta el 11 de noviembre.
Según fuentes del Gobierno porteño citadas por Infobae y LA NACION, la administración local solicitó reprogramar los eventos masivos previstos para ese fin de semana. El planteo se fundamentó en la necesidad de disponer de personal y servicios para el operativo de seguridad, tránsito y emergencias vinculado con la visita papal.
La Ciudad propuso trasladar la Marcha del Orgullo al 21 de noviembre y mantener para esa fecha el apoyo logístico habitual. Ese esquema incluiría seguridad, ordenamiento del tránsito, baños químicos, ambulancias y otros servicios necesarios para una convocatoria de gran magnitud.
La solicitud también alcanzaría a otras actividades masivas, como carreras deportivas y festivales. Fuentes porteñas citadas por LA NACION señalaron que el pedido se realizó en coordinación con el Gobierno nacional, que tendría a su cargo la organización del dispositivo relacionado con la llegada del Papa.
En cambio, la información publicada por Infobae indicó que el pedido no provino del Gobierno nacional ni del Vaticano y que la solicitud fue realizada exclusivamente por la administración porteña. Esa diferencia entre las fuentes no fue resuelta en los materiales disponibles y deberá ser corroborada antes de presentar la coordinación nacional como un hecho confirmado.
La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo difundió una carta pública en la que ratificó la fecha del 7 de noviembre y rechazó la posibilidad de postergarla. Las agrupaciones recordaron que la convocatoria fue anunciada en diciembre de 2025 y que miles de personas ya planificaron viajes, compraron pasajes y reservaron alojamiento.
Según el documento, las últimas ediciones reunieron alrededor de dos millones de personas. La organización también afirmó que artistas, sindicatos, movimientos sociales y delegaciones de distintas provincias prepararon su participación durante meses.
Además, sostuvo que un cambio de fecha afectaría a otras marchas del orgullo del país, cuyos cronogramas se organizan a partir de la movilización nacional. La Comisión consideró que la Ciudad cuenta con recursos suficientes para coordinar ambos acontecimientos de manera segura y ordenada.
La carta fue dirigida al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Los organizadores cuestionaron, además, la advertencia de que la Ciudad no podría acompañar la marcha si se mantiene el 7 de noviembre. Según plantearon, condicionar servicios esenciales a la aceptación de una nueva fecha resulta contradictorio con el argumento basado en la seguridad.
La llegada del Papa está prevista para la tarde del domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo. Al día siguiente, León XIV ingresaría a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei.
Durante su estadía, el pontífice tendría programados al menos seis actos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La agenda incluiría una misa multitudinaria en Luján, reuniones en el Teatro Colón y en la sede de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, además de encuentros con representantes sociales, deportivos, laborales y religiosos.
La 35ª edición de la Marcha del Orgullo llevará como consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. La definición sobre su fecha dependerá ahora de la negociación entre el Gobierno porteño y las organizaciones, mientras resta precisar cómo se distribuirán los recursos y responsabilidades de seguridad para ambos acontecimientos.
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