La justicia federal detectó que el exjefe de Gabinete gastó más de 139 millones de pesos con tarjetas en dos años y medio. Con un salario de 3,5 millones, promediaba consumos mensuales de hasta 6 millones. Investigan inconsistencias patrimoniales millonarias.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó datos financieros críticos que complican su situación procesal. El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe detallado que revela consumos con tarjeta de crédito muy por encima de sus ingresos como funcionario público.
El dato explosivo del expediente: En dos años y medio de gestión pública, el exoficialista acumuló gastos por $139.110.716, registrando un promedio de consumo mensual que duplicaba por completo su salario neto registrado.
Mientras el sueldo declarado de Adorni ascendía a 3,5 millones de pesos mensuales, sus erogaciones plásticas oscilaron entre los 4 y casi 6 millones de pesos en promedio. La justicia federal avanza sobre estas marcadas inconsistencias financieras para determinar el origen de los fondos utilizados cotidianamente.
Durante el período fiscal 2024, el exvocero presidencial mantuvo un gasto promedio de $4.248.781 por mes, totalizando más de 50 millones anuales solo en consumos de tarjetas de crédito convencionales. En ese mismo lapso, el exjefe de ministros declaró deudas por 92 millones de pesos ante los organismos de control pertinentes.
El panorama financiero se volvió más complejo en 2025, cuando sus consumos con plásticos bancarios escalaron a $5.704.969 mensuales. Para los investigadores de los tribunals de Comodoro Py, resulta sumamente llamativo que sus deudas declaradas hayan trepado hasta los 317 millones de pesos al cierre de ese ciclo contable.
En los primeros cuatro meses de 2026, las planillas fiscales expusieron gastos fijos por $4.916.425 mensuales adicionales. Este ritmo de erogaciones sistemáticas motivó una profunda auditoría por parte del Ministerio Público, debido a que las cifras globales no guardan relación lógica con los haberes percibidos en el Estado.
Paralelamente, la Oficina Anticorrupción detectó rectificaciones totales en las declaraciones juradas presentadas por el entorno íntimo de Adorni. Los denominados “bienes al inicio del período” pasaron de montos de 107 millones a un valor base de $622.646.891, cerrando el último ejercicio anual con 944 millones declarados.
Para intentar justificar este salto exponencial, el exfuncionario argumentó haber realizado inversiones en criptomonedas por 200.000 dólares entre los años 2014 y 2018. Sin embargo, fuentes directas de los tribunales confirmaron que no existe documentación respaldatoria ni trazabilidad bancaria que valide la licitud de la adquisición de esas divisas.
Las sospechas judiciales apuntan a que Adorni también poseía un pozo financiero de 513.000 dólares derivado de una supuesta venta de activos previos. No obstante, al expediente criminal no ingresaron los comprobantes ni las escrituras que certifiquen el origen de los fondos utilizados luego para costear obras en su vivienda del country Indio Cuá.
A los gastos directos se inmolaron maniobras con tarjetas de crédito de sus propios empleados de la Jefatura de Gabinete. La fiscalía federal comprobó operaciones por más de 5 millones de pesos adicionales ejecutadas a través de los plásticos de sus subordinados Laura Schiuma y Luis Aluju, buscando presuntamente ocultar su identidad.
La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) trabaja actualmente en el peritaje contable integral de los bienes de Adorni y su esposa, Betina Angelletti. Este informe técnico consolidado será la pieza determinante para que el Ministerio Público firme el requerimiento de justificación patrimonial.
Si el ex vocero presidencial no logra sustentar de forma fehaciente la licitud de sus movimientos, el fiscal solicitará formalmente su declaración indagatoria. La resolución definitiva del expediente penal quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien determinará las eventuales responsabilidades del exfuncionario.
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