La resolución surge tras las demandas interpuestas por Lindsay Hecox, estudiante de la Universidad Estatal de Boise en Idaho, y la madre de Becky Pepper-Jackson, una atleta de 15 años residente en Virginia Occidental. Ambas litigantes argumentaron que las restricciones provinciales vulneraban sus derechos civiles. En el caso de Pepper-Jackson, la defensa alegó que la menor inició su transición médica antes de experimentar la pubertad masculina.
La postura disidente fue coordinada por la jueza liberal Sonia Sotomayor, a quien se sumaron las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor manifestó que la mayoría incurrió en un error al no remitir las causas a los tribunales inferiores para resolver las discrepancias fácticas y la incertidumbre científica sobre las supuestas ventajas físicas competitivas.
Con este veredicto, el Poder Judicial de los Estados Unidos consolida el marco legal de más de dos docenas de estados gobernados por el Partido Republicano que promovieron restricciones similares desde 2020.
Tras la difusión del fallo, la liga universitaria de atletismo, NCAA, limitó las categorías de mujeres exclusivamente a las personas asignadas con el sexo femenino al nacer, en concordancia con las órdenes ejecutivas dictadas por la administración del presidente Donald Trump.
La determinación del máximo tribunal estadounidense redefine las fronteras legales de las políticas de identidad de género en el ámbito escolar y universitario. Ante un panorama donde las regulaciones deportivas locales quedan firmemente en manos de las legislaturas estatales, cabe interrogarse de qué manera este criterio judicial moldeará el acceso y la permanencia de las minorías en las plataformas educativas del país.