Ara San Juan: querellas denunciaron maniobras de distracción pública de cara al fallo definitivo

A días del fallo por el ARA San Juan, las abogadas de las familias denunciaron presiones mediáticas de las defensas de los altos mandos imputados. Exigen condenas firmes, sosteniendo que existen pruebas validadas sobre las fallas técnicas del submarino.

Fotografía de archivo del submarino ARA San Juan. Foto: NA

La representación legal de los damnificados por la pérdida del navío militar denunció públicamente la existencia de una campaña coordinada destinada a influir sobre los magistrados del tribunal patagónico a pocos días de conocerse la resolución del litigio. Según las abogadas de las familias de los uniformados, diversos canales de difusión han replicado de manera sistemática hipótesis que intentan catalogar el siniestro como un suceso indescifrable, buscando eximir de culpa a la cúpula naval procesada. Las letradas exhibieron el historial de justificaciones esgrimidas por el sector acusado a lo largo de las etapas previas, detallando cómo los argumentos mutaron desde supuestos fallos de compuertas y errores de la dotación de a bordo, hasta intentos de delegar el perjuicio en el jefe de la embarcación o trazar analogías literarias para justificar el accionar de los supervisores.

Para las apoderadas de las víctimas, la consistencia de los documentos incriminatorios resulta inobjetable, tras haber sido convalidados en múltiples instancias del fuero federal y por los propios tribunales de disciplina militar que dictaminaron la exoneración de los jerarcas involucrados. El debate oral y público que se desarrolla en la provincia austral busca establecer las penas correspondientes para los antiguos directores de Adiestramiento y de las subdivisiones operativas de la fuerza, bajo cargos de negligencia en el ejercicio de las funciones estatales y estrago agravado. La acusación sostiene que los cuatro oficiales de alto rango autorizaron el despliegue de la unidad de inmersión a pesar de tener pleno conocimiento de los desperfectos estructurales y las carencias operativas que presentaba.

Las portavoces de las familias enfatizaron la disparidad de recursos existentes entre las estructuras de poder que resguardan a los imputados y la condición de los deudos, quienes provienen mayoritariamente de diferentes provincias del territorio nacional y carecen de influencias presupuestarias. Asimismo, aclararon que el proceso judicial no pretende menoscabar el prestigio del cuerpo castrense, sino dignificar la memoria de los caídos exponiendo las omisiones de la cadena de mando. Con miras a la lectura del veredicto, las representantes legales concluyeron que las causales de la fatalidad no responden a contingencias de la naturaleza, sino a determinaciones humanas erróneas que deben ser sancionadas con la máxima severidad jurídica.

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