A una semana del doble terremoto del 24 de junio, cientos de familias damnificadas pernoctan en calles y plazas de Caracas. Los afectados establecieron campamentos provisionales en las veredas mientras esperan informes técnicos oficiales que certifiquen la habitabilidad de sus viviendas.
El doble terremoto ocurrido en el país el pasado 24 de junio transformó la dinámica urbana de Caracas. Desde el Parque del Oeste hasta el Parque del Este, pasando por San Bernardino y Los Próceres, cientos de familias permanecen pernoctando en espacios públicos.
El último balance oficial de la presidenta del Gobierno, Delcy Rodríguez, registró 15.866 personas que perdieron la totalidad de sus bienes y otras 28.380 cuyas viviendas presentan daños que impiden el retorno inmediato.
La respuesta gubernamental incluyó la creación de la Comisión de Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras, liderada por Francisco Garcés, viceministro de Educación Universitaria, y el Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas. Sin embargo, la distribución de la asistencia técnica y social muestra marcadas diferencias geográficas en la capital.
Paralelamente a los grandes albergues, la ocupación de aceras y plazas responde a la iniciativa de comunidades que buscan resguardar sus inmuebles. En la avenida México, frente al Liceo Andrés Bello, residen provisionalmente 270 familias del edificio Continente, estructura que sufrió deterioros internos severos. Zoraida Martínez, coordinadora vecinal del sector, detalló que el censo interno contabiliza 155 adultos, tres mujeres embarazadas, ocho adultos mayores y 88 niños.
Miembros de Protección Civil, el cuerpo de Bomberos e ingenieros universitarios realizaron al menos ocho inspecciones en el lugar e indicaron que el inmueble requiere el reforzamiento de una base en el sótano antes de ser habitado. Martínez señaló que la falta de acompañamiento estatal permanente genera inseguridad por la presencia de personas ajenas a la comunidad en las aceras.
Una situación similar se registra en La Hoyada, específicamente en la Plaza Darío Vivas y la estación El Cristo del Bus Caracas. En este punto, 160 familias provenientes de pensiones, locales y urbanismos de la Misión Vivienda coexisten sin infraestructura sanitaria básica, dependiendo de comercios locales y de la sociedad civil.
Entre las afectadas se encuentra Yelimar Medina, de 56 años, quien se trasladó desde una pensión en Santa Rosalía junto a su esposo y tres hijos de seis, nueve y 17 años. La familia perdió tanto su espacio habitacional como el local comercial que constituía su sustento económico.
A diferencia de los campamentos vecinales en las avenidas, los macroalbergues autorizados concentran servicios de alimentación, salud y recreación. El Parque del Oeste alberga a más de 2.500 familias, mientras que en el Parque del Este se instalaron fundaciones, empresas privadas y asistencia médica directa.
María Cánchica, de 67 años y desplazada desde Catia, confirmó la regularidad en el suministro de raciones alimentarias en este último recinto. Asimismo, en Caraballeda, un campo de golf fue habilitado formalmente como refugio para los damnificados de la zona costera.
Por otra parte, unas 26 familias del edificio La Trinidad, ubicado en la avenida San Martín, instalaron carpas frente a la estructura que posee más de 40 apartamentos. Cuatro ingenieros de la dirección de ingeniería municipal de la alcaldía de Libertador determinaron que una columna interna se encuentra comprometida, por lo que el desalojo preventivo fue recomendado para proteger a la población vulnerable.
El vecino Yeison Guzmán informó que las labores de reparación estructural comenzarán una vez que disminuya la frecuencia de las réplicas sísmicas. En las inmediaciones de los refugios de las plazas Morelos, Juventud, Parque Carabobo y la avenida Bolívar, se constató la presencia de alcabalas de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
La administración central prometió la entrega de soluciones habitacionales antes de finalizar el año en curso. La gestión de esta contingencia coincide con un escenario de transición política tras la intervención militar estadounidense, lo que añade incertidumbre sobre las políticas de vivienda a largo plazo para las miles de personas que continúan habitando los espacios públicos de la ciudad.
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