Bogotá entró en una fase de profunda incertidumbre política tras la ruptura definitiva de los canales de comunicación entre el mandatario saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
La decisión, que interrumpe un cronograma técnico diseñado para finalizar el 31 de julio, se desencadenó tras una serie de descalificaciones cruzadas que dinamitaron la confianza institucional necesaria para la entrega del poder el próximo 7 de agosto.
Abelardo de la Espriella instruyó a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, suspender de forma inmediata las mesas de trabajo bilaterales. A través de un comunicado emitido a primera hora, el nuevo gobernante calificó a la administración saliente como un Ejecutivo corrupto cuyas decisiones pretenden destruir al país. Según el mandatario entrante, la medida busca proteger los intereses nacionales y evitar la legitimación de lo que considera un desastre constitucional.
Paralelamente, la respuesta del Gobierno en ejercicio no se hizo esperar. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció la paralización total de las mesas sectoriales por parte de los funcionarios públicos, argumentando que no existen las condiciones mínimas de respeto.
Ávila confirmó además la interposición de una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, asesor del equipo de transición de De la Espriella, por declaraciones formuladas en medios de comunicación que presuntamente afectaron la honra del presidente Petro.