Tras el cese de sesenta contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, dos gerentes presentaron su renuncia y cinco sectores exigieron la restitución de personal especializado ante el riesgo de parálisis en proyectos estratégicos.
Tras el cese de sesenta contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, dos gerentes presentaron su renuncia y cinco sectores exigieron la restitución de personal especializado ante el riesgo de parálisis en proyectos estratégicos.

La tensión interna en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se intensificó tras la presentación de nueve notas formales dirigidas a las autoridades del organismo. Los documentos, elevados por personal de rangos jerárquicos, solicitaron la restitución de veinticuatro de los 60 trabajadores cuyos contratos no fueron renovados el pasado 30 de junio por decisión del presidente de la institución, Martín Eduardo Porro.
Paralelamente, la conducción técnica sufrió un debilitamiento directo con la renuncia de dos funcionarios de alta jerarquía. Juan Manuel Ranalli, responsable del área de Energía Nuclear, y Karina Alejandra Pierpauli, titular del sector de Investigación, Desarrollo y Aplicación, dejaron sus cargos. Ambas reparticiones concentraban la coordinación de 1400 empleados dentro del esquema del organismo.
El origen del conflicto radicó en el vencimiento de contratos de un universo de 300 personas técnicas y administrativas. Aunque la presidencia de la CNEA afirmó mediante canales digitales que la medida no afectó a investigadores ni a operarios licenciados, los informes de las jefaturas técnicas señalaron una realidad diferente.
Cinco gerencias advirtieron sobre la inviabilidad de mantener la operatividad normal. La Gerencia del Área Central Argentina de Elementos Modulares (Carem) reportó la baja de quince personas especializadas, mientras que el sector de Energía Nuclear computó seis cesantías. Asimismo, las áreas de Seguridad Nuclear y Ambiente registraron dos salidas, y Desarrollo Tecnológico sufrió una baja.
Entre el personal desvinculado se encontró Paula Alderete, señalada como la única especialista calificada para el manejo del Microscopio Electrónico de Barrido en el Centro Atómico Constituyentes.
Esta herramienta resulta vital para los análisis de alta precisión y los servicios industriales que presta la institución. Los reclamos sectoriales indicaron que también quedaron vacantes puestos de ingenieros civiles, analistas de seguridad radiológica y personal de mantenimiento de laboratorios de alta sensibilidad.
Expertos del sector científico, como el exmiembro del organismo Galo Soler Illia, manifestaron que las medidas afectaron el avance del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones y del reactor modular Carem, cuyos desarrollos se encontraban entre el 60% y el 80%, respectivamente. Esta situación coincidió con los anuncios gubernamentales sobre la futura construcción de un reactor modular pequeño vinculado a capitales extranjeros.
Los registros oficiales de Presupuesto Abierto indicaron que el financiamiento de la CNEA proveniente de las arcas públicas nacionales sufrió una contracción del 52,1% durante el último trienio.
En consonancia, el vocero de la Presidencia de la Nación, Adrián Ravier, confirmó que la estructura general de la comisión se redujo en un 57,83%, transformando una planta de 645 cargos formalizados a un total de 272.
Ante este panorama, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 8 de julio. La medida de fuerza incluirá una caravana hacia la sede del Centro Atómico Constituyentes y réplicas en las delegaciones de todo el país. Los representantes gremiales defendieron la sustentabilidad del organismo y exigieron la reanudación de las mesas de diálogo con la conducción de la CNEA.
El escenario plantea un interrogante sobre el equilibrio entre las metas de reestructuración del gasto público y el sostenimiento de las capacidades tecnológicas de un país que integra el grupo global que domina el ciclo completo de la energía nuclear.
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