Diputados franceses votan este miércoles el proyecto de ley sobre muerte asistida para pacientes terminales, tras un prolongado debate político y la decisión del gobierno de remitir el texto al Consejo Constitucional.
Diputados franceses votan este miércoles el proyecto de ley sobre muerte asistida para pacientes terminales, tras un prolongado debate político y la decisión del gobierno de remitir el texto al Consejo Constitucional.
La iniciativa legal estableció parámetros rigurosos para acceder al procedimiento. La medida beneficiará exclusivamente a ciudadanos franceses o residentes legales mayores de edad que padezcan una enfermedad grave, incurable y en fase avanzada o terminal.
Asimismo, las personas solicitantes deberán certificar un sufrimiento físico o psicológico constante que no pueda ser aliviado, además de conservar una capacidad plena para expresar su consentimiento libre e informado.
Paralelamente, el proceso clínico requerirá una evaluación multidisciplinaria liderada por un médico autorizado, quien tomará la determinación definitiva tras consultar con otros dos profesionales de la salud.
Si la solicitud resulta aprobada, el paciente dispondrá de un período de reflexión de al menos dos días para ratificar su voluntad. La norma priorizará la autoadministración de la sustancia letal, limitando la intervención directa de médicos o enfermeros a casos de imposibilidad física.
El debate dividió profundamente a la sociedad y al cuerpo legislativo, donde incluso algunos parlamentarios optaron por la neutralidad ante la complejidad moral del proyecto.
Durante las deliberaciones previas, 35 diputados decidieron abstenerse. La legisladora del Partido Verde, Marie Pochon, argumentó su postura señalando que el proyecto confronta dilemas de difícil resolución.
“Sin duda, esta es la votación más difícil que he tenido que emitir desde que soy miembro del Parlamento“, detalló la diputada, explicando que la ley cruza aspectos racionales, como la falta de cuidados paliativos, con elementos irracionales que cuestionan la relación humana con la muerte.
Por otra parte, los colectivos sociales mantuvieron posturas encontradas respecto al alcance de las libertades individuales. La representante de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, Anne Raynaud, defendió la reforma cuestionando los límites de la resistencia humana. “¿Se le puede seguir llamando vida cuando el sufrimiento es tan grande que ya no se puede hacer nada?”, manifestó la activista.
No obstante, la delegada regional del mismo organismo, Jocelyne Lauret, advirtió que los criterios legales siguen siendo restrictivos al priorizar el suicidio asistido sobre la eutanasia directa, aunque valoró la reforma como un paso adelante.
Por el contrario, la Iglesia Católica y sectores médicos manifestaron su férrea oposición al texto. El exministro del Interior Bruno Retailleau afirmó que una sociedad basada en la fraternidad apoya y protege a las personas, y “nunca abandona a los más vulnerables”.
Asimismo, el diputado Joseph Rivière criticó la rapidez del trámite legal, contrastando el período de reflexión de dos días con las demoras habituales de otros servicios médicos.
Ante la inminente aprobación en la Cámara Baja, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que remitirá el proyecto de ley al Consejo Constitucional para verificar su solidez jurídica.
Esta consulta evaluará si los plazos establecidos y el tratamiento de los adultos protegidos respetan las garantías constitucionales. Francia se sumará así a un reducido grupo de naciones europeas que regulan este derecho, mientras el personal sanitario mantiene la expectativa sobre la aplicación real de la cláusula de conciencia en los centros médicos.
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