La comunidad Lof Leufuche de Río Negro judicializó el trazado de la carrera Doble Apolo, alegando la invasión de tierras comunitarias. El Municipio de General Roca asegura que el circuito se desarrolló en un área protegida de uso público.
La comunidad Lof Leufuche de Río Negro judicializó el trazado de la carrera Doble Apolo, alegando la invasión de tierras comunitarias. El Municipio de General Roca asegura que el circuito se desarrolló en un área protegida de uso público.

El violento conflicto desatado en Río Negro durante la carrera de trail Doble Apolo sumó un complejo capítulo judicial. La comunidad mapuche Lof Leufuche denunció penalmente a los organizadores del evento y al Municipio de General Roca por el presunto ingreso no autorizado a su territorio comunitario. La presentación se formalizó un día después de que un grupo de jinetes atacara con boleadoras y rebenques a los competidores.
Claves del conflicto territorial y deportivo en Río Negro:
Denuncia judicial: La comunidad Lof Leufuche acusa violaciones sistemáticas a su territorio ancestral.
Delitos señalados: La presentación penal incluye turbación de la posesión y destrucción de sitios arqueológicos.
Defensa municipal: El gobierno local afirma que la competencia se desarrolló en un área protegida pública.
Ataque violento: Los corredores de trail fueron embestidos y golpeados por jinetes armados.
El brutal episodio de agresión física ocurrió el último domingo durante las primeras etapas de la tradicional competencia deportiva. Varios corredores fueron interceptados de manera violenta por hombres a caballo, quienes cortaron el paso del circuito y quitaron las cintas demarcatorias. Las víctimas relataron haber sufrido golpes en la cabeza con boleadoras y la rotura de sus prendas de vestir.
Ante la gravedad de los acontecimientos, la Lof Leufuche radicó una denuncia en la Fiscalía Nº 1 de General Roca. En el escrito judicial, los referentes indígenas responsabilizan a las autoridades locales por omitir el derecho constitucional a la consulta previa. No obstante, el texto presentado ante la Justicia no hace mención explícita a las agresiones físicas denunciadas por los deportistas.
A través de un comunicado oficial, la comunidad mapuche argumentó que la carrera Doble Apolo afecta la vida de siete familias desde hace 18 años. Sostienen que los corredores transitan frente a sus viviendas, cierran accesos rurales y espantan al ganado de la zona. Según indicaron, los animales caen frecuentemente por las bardas del río debido al pánico generado por el caudal de competidores.
Por el bando municipal, las autoridades de General Roca rechazaron de forma categórica la interpretación territorial de la comunidad mapuche. La secretaria de Producción local, Florencia Ghirardelli, aclaró que el circuito se trazó íntegramente dentro de un Área Protegida Municipal. La funcionaria defendió que el espacio es de uso recreativo público y de libre circulación para todas las familias y deportistas.
Asimismo, la administración comunal detalló que el croquis de la competencia fue analizado y aprobado con antelación por guardias ambientales. En la coordinación del operativo de seguridad vial también participaron diversos organismos provinciales. El objetivo de este esquema coordinado era asegurar un desarrollo pacífico del evento que no interfiriera con las actividades cotidianas.
Por su parte, los organizadores de la 17ª edición de la Doble Apolo repudiaron públicamente las agresiones sufridas por los participantes. El comité organizador ratificó que contaban con todas las autorizaciones del Municipio, los permisos de Vialidad Rionegrina y el aval del dueño de los campos linderos. También confirmaron que repusieron la cartelería dañada minutos antes de la largada oficial.
La escalada de tensión en Río Negro evidencia las complejas disputas territoriales que cruzan al deporte de aventura y la propiedad comunitaria. Mientras los corredores exigen garantías de seguridad física para futuras competencias, la comunidad indígena mantiene su demanda de respeto soberano. La resolución final de este grave incidente quedará ahora en manos de las autoridades judiciales de la provincia.
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