Estados Unidos eleva la categoría de dos grandes mafias mexicanas a agrupaciones terroristas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha escalado su estrategia legal contra el crimen organizado mexicano al incorporar a su lista de amenazas terroristas globales a dos notorias organizaciones criminales. Las entidades señaladas en esta nueva resolución administrativa son la histórica banda de Juárez, con base de operaciones en el estado fronterizo de Chihuahua, y la facción delictiva conocida como Los Viagras, asentada en la región de Michoacán. Esta catalogación complementa los bloqueos financieros que ya pesaban sobre ambas estructuras por sus actividades ligadas al narcotráfico, endureciendo las herramientas de persecución de sus activos en el exterior.

Con esta determinación, la gestión de Donald Trump amplía el listado de corporaciones delictivas de la región que reciben un tratamiento equivalente al de agrupaciones extremistas internacionales. Previamente, Washington ya había aplicado sanciones similares contra grandes consorcios como el Cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, bajo el argumento de que la distribución de fentanilo representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Al sumar a estos nuevos objetivos, la Casa Blanca busca asfixiar las redes logísticas de facciones que controlan corredores estratégicos de contrabando hacia el norte.

La medida adoptada de forma unilateral por el gobierno estadounidense añade un nuevo foco de conflicto a la relación bilateral con el país vecino. El uso de clasificaciones de terrorismo por parte de Washington suele venir acompañado de presiones económicas directas, amenazas de aranceles y exigencias de intervenciones más severas en el territorio fronterizo. Para el Ejecutivo de los Estados Unidos, este esquema representa una vía indispensable para forzar la neutralización de los laboratorios clandestinos que abastecen el mercado estadounidense.

Por su parte, la administración mexicana ha manifestado de manera recurrente su firme disconformidad ante este tipo de disposiciones unilaterales gestadas en Washington. Desde el Palacio Nacional se argumenta que catalogar a los carteles de la droga como entidades terroristas vulnera las competencias nacionales y la autodeterminación del Estado. En su lugar, el gobierno mexicano insiste en priorizar una agenda de seguridad compartida que se fundamente en la asistencia mutua, el control del tráfico de armas procedentes del norte y el respeto irrestricto a los límites de cada jurisdicción.