La liquidación de la obra social militar derivó en dos modelos de atención: Seguridad derivó sus afiliados a una prepaga privada, mientras Defensa busca crear un sistema propio. En tanto, persisten problemas de cobertura y reclamos en el Congreso.
La liquidación de la obra social militar derivó en dos modelos de atención: Seguridad derivó sus afiliados a una prepaga privada, mientras Defensa busca crear un sistema propio. En tanto, persisten problemas de cobertura y reclamos en el Congreso.
La liquidación del organismo de salud que agrupaba a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad impulsó dos esquemas diferenciados de gestión para responder a las necesidades médicas del sector. Frente a los compromisos acumulados por el ente en proceso de disolución, el área de Seguridad derivó la atención de su padrón hacia una prestadora privada del rubro de la medicina prepaga, asegurando prestaciones inmediatas a los agentes de las fuerzas federales mediante la transferencia de sus aportes salariales.
Por su parte, la administración de Defensa optó por conformar una estructura prestacional propia y descentralizada. Esta alternativa prescinde de intermediarios privados y busca consolidar convenios directos con sanatorios, centros de diagnóstico, laboratorios y profesionales de la salud, apoyándose en transferencias destinadas a sanear el período de transición institucional.
El despliegue de ambos modelos generó fricciones respecto al origen y cómputo de los saldos pendientes entre las dependencias gubernamentales, mientras se experimentan demoras puntuales en la cobertura de baja complejidad en diversas regiones del país. En este escenario, algunos beneficiarios optaron por migrar provisionalmente a otros esquemas de atención estatal para garantizar sus controles de rutina.
El impacto de la reorganización alcanzó la esfera parlamentaria, donde se impulsa la creación de un espacio de seguimiento legislativo. Esta iniciativa busca auditar la evolución del pasivo acumulado, evaluar la transferencia de activos hacia las dos nuevas entidades y verificar el cumplimiento de los plazos normativos fijados para la clausura definitiva del antiguo instituto de salud.
Rodolfo Arruabarrena prepara variantes para oxigenar al equipo en medio de un calendario ajustado. Sebastián Villa y Miguel Merentiel podrían comenzar en el banco de suplentes
La actividad en Vaca Muerta registró 2.005 etapas de fractura en julio, marcando un récord para ese mes. YPF lideró con el 53% de las operaciones, mientras Halliburton encabezó los servicios técnicos en un contexto de sostenido crecimiento energético.
Joyce Wong asumió como nueva jefa de la misión del FMI para Argentina. La economista portuguesa, con experiencia previa en el país durante el macrismo, fiscalizará el cumplimiento de las metas fiscales para destrabar desembolsos por 869 millones de dólares.
La liquidación de la obra social militar derivó en dos modelos de atención: Seguridad derivó sus afiliados a una prepaga privada, mientras Defensa busca crear un sistema propio. En tanto, persisten problemas de cobertura y reclamos en el Congreso.
Un peritaje contable no halló nexos financieros entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde por el viaje a Marbella. Ante este resultado, la defensa de la modelo solicitó ante la Justicia de Lomas de Zamora su sobreseimiento definitivo.
El Gobierno nacional alista los pliegos para privatizar las tres líneas del Belgrano Cargas. La licitación atrae a multinacionales y agroexportadoras locales, y busca concretar el primer gran traspaso estatal para asegurar inversiones e ingresos de divisas.
La organización ultra conservadora Political Network for Values desembarcó en Buenos Aires con respaldo del Gobierno y la Ciudad. El evento impulsó la agenda provida y reavivó especulaciones sobre la adhesión de Argentina al internacional Consenso de Ginebra.
Javier Iguacel declaró en el juicio de los Cuadernos sobre los pactos ilícitos en la obra pública durante el kirchnerismo. Reveló maniobras para direccionar licitaciones y justificó sus acusaciones en la abrupta baja de costos registrada tras modificar los pliegos.
