La liquidación de la obra social militar derivó en dos modelos de atención: Seguridad derivó sus afiliados a una prepaga privada, mientras Defensa busca crear un sistema propio. En tanto, persisten problemas de cobertura y reclamos en el Congreso.
La liquidación de la obra social militar derivó en dos modelos de atención: Seguridad derivó sus afiliados a una prepaga privada, mientras Defensa busca crear un sistema propio. En tanto, persisten problemas de cobertura y reclamos en el Congreso.
La liquidación del organismo de salud que agrupaba a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad impulsó dos esquemas diferenciados de gestión para responder a las necesidades médicas del sector. Frente a los compromisos acumulados por el ente en proceso de disolución, el área de Seguridad derivó la atención de su padrón hacia una prestadora privada del rubro de la medicina prepaga, asegurando prestaciones inmediatas a los agentes de las fuerzas federales mediante la transferencia de sus aportes salariales.
Por su parte, la administración de Defensa optó por conformar una estructura prestacional propia y descentralizada. Esta alternativa prescinde de intermediarios privados y busca consolidar convenios directos con sanatorios, centros de diagnóstico, laboratorios y profesionales de la salud, apoyándose en transferencias destinadas a sanear el período de transición institucional.
El despliegue de ambos modelos generó fricciones respecto al origen y cómputo de los saldos pendientes entre las dependencias gubernamentales, mientras se experimentan demoras puntuales en la cobertura de baja complejidad en diversas regiones del país. En este escenario, algunos beneficiarios optaron por migrar provisionalmente a otros esquemas de atención estatal para garantizar sus controles de rutina.
El impacto de la reorganización alcanzó la esfera parlamentaria, donde se impulsa la creación de un espacio de seguimiento legislativo. Esta iniciativa busca auditar la evolución del pasivo acumulado, evaluar la transferencia de activos hacia las dos nuevas entidades y verificar el cumplimiento de los plazos normativos fijados para la clausura definitiva del antiguo instituto de salud.
La Iglesia presentó la canción oficial que acompañará la gira del pontífice. Mientras el Gobierno confirma asuetos, coordina la seguridad y asiste a miles de voluntarios, la ciudad de Luján se prepara para recibir a dos millones de personas en el cierre del evento.
El PAMI difundió recomendaciones de seguridad digital dirigidas a los jubilados para prevenir ciberestafas y suplantación de identidad. La guía enseña a reconocer perfiles oficiales mediante el tilde azul y el historial de publicaciones para proteger datos sensibles.
El Gobierno detalló en el Congreso el avance del plan privatizador de empresas estatales y confirmó que readecuará el precio de Intercargo tras el fallido proceso licitatorio, mientras la oposición cuestionó los criterios de valuación de los activos.
El juez Ariel Lijo hizo lugar a un amparo de la UBA y suspendió la votación convocada por el CIN para el Consejo de la Magistratura, objetando la validez del sistema de elección indirecta para designar al representante académico.
El INDEC difundirá el informe a las 16. Las proyecciones prevén un aumento de 1.700.000 personas.
Las centrales sindicales acordaron una audiencia con el Papa León XIV durante su visita al país en la UCA, donde le entregarán un documento crítico sobre el escenario socioeconómico e integrarán debates sobre el impacto de la inteligencia artificial laboral.
El Ejecutivo acordó con el gremio ATE la reincorporación del personal apartado de la Quinta de Olivos, quienes prestarán funciones en dependencias administrativas de la Casa Rosada mientras la Casa Militar asume el control integral del predio.
El Congreso impulsó un proyecto unificado para crear un sistema nacional de trazabilidad integral de medicamentos de alto riesgo. La ley busca rastrear fármacos desde los insumos hasta el paciente y fija mecanismos de congelamiento preventivo ante alertas sanitarias.
