Donald Trump firmó una orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento y frenar el “turismo de maternidad”. Pese al previo rechazo del Tribunal Supremo, la Casa Blanca insiste en restringir este derecho constitucional a ciertos sectores extranjeros.
La administración encabezada por Donald Trump emitió una disposición ejecutiva que procura bloquear el acceso a la nacionalidad automática para bebés nacidos en suelo norteamericano. El mandatario justificó la acción gubernamental bajo el argumento de combatir los viajes organizados por mujeres gestantes que buscan la condición de nacionales para su descendencia. La iniciativa surge tras un dictamen adverso de la máxima instancia judicial del país, tribunal que meses atrás desestimó un intento previo por considerar que la protección legal vigente ampara a todo hijo de residentes, independientemente de su estatus migratorio.
Frente a aquel pronunciamiento judicial, el equipo legal de la presidencia argumenta la existencia de resquicios legales para excluir a descendientes de diplomáticos, visitantes en viajes de maternidad, integrantes de grupos calificados como peligrosos e individuos nacidos en territorios no incorporados. De este modo, la gestión insiste en la reinterpretación de los preceptos constitucionales fijados a mediados del siglo XIX, alegando que la normativa original fue concebida con un propósito histórico diferente.
Desde la asesoría senior de la Casa Blanca, representada por Stephen Miller, se enfatizó que el nuevo texto normativo impedirá la asignación de la ciudadanía a descendientes de agentes extranjeros o integrantes de agrupaciones catalogadas como amenazas externas. De acuerdo con las estimaciones presentadas por los promotores de la norma, la reglamentación buscará frenar la concesión del estatus legal a cientos de miles de menores al año, reduciendo la cobertura de beneficios estatales.
Pese a las objeciones constitucionales señaladas por diversos sectores jurídicos sobre la validez de alterar la enmienda por vía administrativa, el Ejecutivo estadounidense avanza en la implementación de esta agenda restrictiva, la cual formó parte de los compromisos centrales asumidos al inicio de la presente gestión presidencial.
Victoria Villarruel defendió el decreto que permitía el voto remoto de Anabel Fernández Sagasti por razones médicas, aclarando que la definición quedaba en manos del pleno. Sin embargo, un planteo impulsado por Patricia Bullrich anuló esa posibilidad.
Estados Unidos elevó a Cuba a máxima prioridad de inteligencia y reforzó la presencia de la CIA en la isla. La medida busca acelerar la caída del régimen castrista mediante asfixia económica, infiltración y recopilación de información estratégica.
En entrevista con TyC Sports, el presidente de la AFA ratificó a Lionel Scaloni como su única opción, respaldó la exhibición de la bandera de Malvinas y defendió la organización del fútbol argentino proyectando su gestión hacia 2030.
Un brote de salmonela vinculado a pimientos importados de Sinaloa, México, afectó a más de 300 personas en 27 estados de EE. UU. Cadenas gastronómicas retiraron el producto y las autoridades sanitarias investigan la cadena de distribución importada.
Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar de Japón tras amenazar con acciones militares frente al rearme de Tokio. El ensayo responde a la nueva doctrina defensiva nipona y al incremento de la tensión en Asia Oriental.
Chile y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones consulares para normalizar los trámites de sus ciudadanos y habilitar un canal de diálogo. El avance resulta clave para que la administración chilena pueda coordinar la repatriación de migrantes en situación irregular.
La UEFA y la Conmebol cuestionaron la gestión unilateral de Gianni Infantino en la FIFA tras un fallido proyecto financiero. Pese a las tensiones y la amenaza de boicot europeo, el dirigente buscará la reelección en 2027 con respaldo interno.
Donald Trump firmó una orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento y frenar el “turismo de maternidad”. Pese al previo rechazo del Tribunal Supremo, la Casa Blanca insiste en restringir este derecho constitucional a ciertos sectores extranjeros.
