El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven relevó 226 casos de violencia letal por motivos de género durante 2025. Los datos confirman que el principal agresor es la pareja o expareja, que el hogar es el lugar de mayor riesgo y que las trayectorias de violencia suelen ser previas y conocidas.
Durante años, la información disponible sobre violencia de género se concentró casi exclusivamente en las víctimas. Quién las mató, con qué antecedentes y bajo qué patrones de conducta quedó, la mayoría de las veces, en un punto ciego de la cobertura mediática y de las políticas públicas. El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” buscó revertir ese vacío con un informe inédito: el “Perfil de femicidas, travesticidas y transfemicidas en Argentina”, correspondiente al período 2025.
El trabajo, coordinado por Alfonsina Silvestri y elaborado a partir del monitoreo de medios gráficos y digitales de todo el país, analizó 226 casos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 (221 femicidios y 5 travesticidios/transfemicidios). El objetivo no es desplazar la centralidad de las víctimas, aclaran desde el Observatorio, sino comprender integralmente las trayectorias de violencia que anteceden a estos crímenes.
Los datos confirman lo que distintos estudios vienen señalando desde hace años: la violencia extrema de género no es obra de desconocidos. De los 226 casos, en 90 el femicida era pareja de la víctima y en 61, su expareja, lo que en conjunto representa el 66,8% del total. Se trata, según el informe, de la expresión más extrema de un continuo de violencias sostenido en el tiempo, y no de hechos aislados o imprevisibles.
Esa dinámica de proximidad se refleja también en el escenario del crimen: el 37,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima y un 23% en la vivienda compartida con el agresor. Es decir, más del 60% de los casos tuvo lugar en el propio hogar, el espacio que debería representar mayor protección.
El informe identifica patrones que se repiten en los relatos de familiares, amigas y vecinxs. En 89 casos (39,3%) existían indicadores de celos y conductas posesivas, expresados mediante vigilancia, control y restricción de la autonomía de las víctimas. Y en 57 crímenes (25,2%) se había registrado una separación reciente o la intención de la víctima de finalizar el vínculo, uno de los momentos de mayor riesgo según la evidencia especializada, porque el agresor suele interpretar la ruptura como una pérdida de control.
A esto se suma que en 46 casos (20,3%) se reportó consumo problemático de sustancias por parte del femicida, un factor que —aclara el informe— no constituye una causa directa, pero sí puede potenciar conductas violentas preexistentes.
El grupo etario más representado es el de 21 a 40 años, con el 40% de los casos (91 femicidas), seguido por el de 41 a 60 años (25,6%). En cuanto a nacionalidad, el 87,6% de los femicidas es argentino.
Un capítulo aparte merece la pertenencia institucional de los agresores: el informe registró 17 femicidios (7,5%) cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad o armadas, de los cuales 15 correspondían a personal policial. El Observatorio remarca que el acceso al arma reglamentaria y la posición de autoridad institucional constituyen un factor de riesgo específico, y reclama la implementación urgente de la Ley Micaela en estas estructuras patriarcales. El informe es explícito en el contexto que agrava ese riesgo: lo enmarca en un desmantelamiento de las políticas públicas de género, la reducción de recursos destinados a la prevención de las violencias y la flexibilización en el acceso a la tenencia de armas, todo esto en el marco de lo que el Observatorio caracteriza como una política de gobierno represiva por parte del presidente Javier Milei.
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En 39 casos (17,2%) existían denuncias previas, y en 25 (11%) las víctimas contaban con medidas judiciales de protección vigentes. La violencia, en otras palabras, ya había sido identificada por el sistema institucional antes del desenlace fatal. El informe señala además vacíos significativos: en el 54,8% de los casos no se pudo determinar si existían denuncias previas, y en el 61,5% se desconoce si había medidas de protección, una limitación que atribuye tanto al sesgo mediático como al retiro progresivo del Estado de estas funciones.
El informe dedica un apartado al caso de Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba. Según el relevamiento, Laurta integraba la organización uruguaya “Varones Unidos”, un espacio de activismo antifeminista y de extrema derecha. Pese a las denuncias y a una medida de protección vigente, el agresor concretó el crimen luego del vencimiento de la restricción de acercamiento. El Observatorio plantea que este tipo de trayectorias pueden coexistir con procesos de radicalización ideológica que legitiman el control y el rechazo a la autonomía de las mujeres.
Hay algo que este informe pone sobre la mesa y que incomoda, como debe ser: el femicida no es un desconocido, no es un monstruo aislado, no aparece de la nada. Es la pareja, el ex, el que “tanto la quería”. Es, muchas veces, el que ya había sido denunciado y al que el sistema no logró frenar a tiempo. Cada cifra de este relevamiento es también una pregunta incómoda sobre las instituciones: ¿cuántas de esas 226 muertes se pudieron evitar si el Estado hubiera estado presente cuando todavía había tiempo?
Nombrar a los femicidas, entender sus patrones, no es correrle el foco a las víctimas: es la única forma de dejar de mirar para otro lado. Porque mientras sigamos hablando de “tragedias familiares” o de “crímenes pasionales”, seguiremos sin nombrar lo que es: violencia machista sistemática, que se puede prevenir. La deuda, una vez más, la tiene el Estado.
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